Las instituciones electorales, como pilares fundamentales de la democracia, tienen un papel fundamental en garantizar la participación equitativa de la ciudadanía a la hora de ejercer su voto. En los últimos años, hemos sido testigos de un creciente interés en promover la inclusión, especialmente en lo que respecta a género, etnia, discapacidad y otros grupos históricamente marginados. De ahí que, cuando se habla de inclusión se debe tener claro que no es una declaración de buenas intenciones, sino un imperativo democrático que requiere de acciones concretas que tracen y consoliden su propia trayectoria en el tiempo.
En el reciente proceso electoral de 2024, específicamente en la elección de Diputaciones a la Legislatura y Ayuntamientos, el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) promovieron acciones afirmativas para asegurar la participación efectiva de personas de grupos vulnerables y minoritarios. Esto abonó a la consolidación de la democracia, no sólo para visibilizar a las personas, sino para hacer valer lo establecido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la cual señaló que es una obligación del Estado mexicano implementar acciones afirmativas como medidas temporales, razonables, proporcionales y objetivas, dirigidas a la igualdad material.
Por tal motivo, en la elección de 2024 en el Estado de México, se efectuaron acciones para la inclusión en dos etapas: la primera, que corresponde a la preparación del proceso electoral; y la segunda, el día de la votación. En lo que corresponde a la primera etapa se incluyeron: la credencialización domiciliaria; credencialización de mexiquenses residentes en el extranjero; convocatoria para la integración de órganos desconcentrados; medidas para la accesibilidad de las personas con discapacidad en las casillas; inclusión de personas con discapacidad en el funcionariado de las Mesas Directivas de casilla; y la convocatoria inclusiva para la observación electoral.
El día de la votación se adoptaron medidas para garantizar el derecho al voto y a la participación ciudadana de las personas con discapacidad física o motriz, auditiva, visual, intelectual y mental (psicosocial). De lo anterior, destaca el uso de la Plantilla Braille en las urnas electorales para orientar a las personas con discapacidad visual en el depósito de su boleta en la urna correspondiente. Esto se complementó con la “base porta urnas”, material que sirvió para exhibirlas y apoyar a las personas con discapacidad, específicamente a la ciudadanía con dificultad motriz y gente de talla pequeña. Otros ejemplos, fueron la Mampara especial y el Sello X. La primera, tuvo como propósito facilitar el acceso a la casilla para que las personas con dificultad motriz y gente de talla pequeña, sin asistencia de alguna persona, pudieran emitir su voto. La segunda, permitió que las personas con discapacidad, adulta mayor o que se encontraban impedidas físicamente para marcar la boleta electoral, la utilizaran para imprimir una marca “X” sobre la opción de su preferencia.
Estas acciones para la inclusión no son un objetivo que se alcanza una vez, sino un camino que requiere de un compromiso constante. La participación ciudadana es esencial, la sociedad debe exigir a las instituciones electorales que cumplan con su tarea de garantizar la inclusión. Hemos avanzado, pero nos falta camino por recorrer, solo así podremos hablar de una democracia efectiva.
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