La certificación de motociclistas en el Estado de México, bajo la supervisión de la Secretaría de Movilidad a cargo de Daniel Sibaja, marca un avance significativo en la regulación del transporte en la entidad. Esta medida busca ordenar a los conductores y reducir los accidentes viales que involucran a motociclistas, quienes representan una porción importante de los incidentes de tránsito en la región. Al implementar un proceso de certificación que incluye exámenes teóricos y prácticos, la iniciativa pretende asegurar que los conductores cuenten con los conocimientos y habilidades necesarias para circular de manera segura. Sin embargo, el reto es grande, ya que la cultura del motociclismo en muchas comunidades no siempre ha priorizado la educación vial, lo que puede hacer que la aceptación y el cumplimiento de esta normativa enfrenten resistencias. El objetivo de este esfuerzo, aunque loable, no está exento de desafíos.
El discurso del chapulín
El discurso de Fernando Alberto García Cuevas sobre el crecimiento de Movimiento Ciudadano podría parecer optimista, pero no está exento de contradicciones. Es difícil ignorar que el mismo García Cuevas proviene de una larga trayectoria priista, lo que pone en entredicho su autenticidad como vocero de una fuerza política que se presenta como alternativa fresca y ciudadana. Aunque presume un incremento del 550% en la votación nacional del partido entre 2018 y 2024, es evidente que parte de este éxito se debe más al desmoronamiento de partidos tradicionales como el PRI, al que él mismo pertenecía, que a un verdadero trabajo orgánico de construcción política. Este reciclaje de figuras del pasado pone en duda la promesa de renovación que tanto pregona el partido naranja. Además, su apuesta por “fortalecer estructuras” en el Estado de México suena a la misma retórica que emplearon los viejos operadores priistas durante décadas. Hay cosas que no cambian.
Sanciones a servidores públicos
Los datos presentados por el Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de México sobre las 226 sanciones aplicadas a servidores públicos y particulares desde 2019 podrían parecer alentadores a primera vista, pero invitan a un análisis más crítico sobre su impacto real. Si bien es positivo que 176 inhabilitaciones, 80 indemnizaciones resarcitorias y 28 destituciones se hayan concretado, estas cifras son apenas la punta del iceberg en un estado donde la corrupción está profundamente arraigada en diversas instituciones. Sin un contexto que explique el perfil de los sancionados y la magnitud de las faltas administrativas, los números pueden quedar como una narrativa para maquillar avances en un problema estructural mucho más amplio. Además, resulta preocupante que este tipo de sanciones, aunque importantes, se enfoquen principalmente en casos individuales y no en desarticular redes de corrupción sistémicas que operan en distintos niveles de gobierno.
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