Durante la presente administración, las autoridades encargadas de la seguridad y la justicia, como el Fiscal General José Luis Cervantes Martínez, han destacado con insistencia la disminución en el número de carpetas de investigación por homicidio doloso en el Estado de México, una estadística que, en apariencia, refleja avances en materia de seguridad. Sin embargo, esta narrativa positiva oculta un dato preocupante: aumento del 29 por ciento en el número de personas desaparecidas durante 2024. Mientras se presume una disminución en ciertos indicadores, el aumento en las desapariciones refleja un desafío mayor: la falta de estrategias efectivas para garantizar la seguridad y el acceso a la justicia para las familias de las víctimas. Este escenario exige una revisión urgente de las políticas públicas en materia de seguridad y derechos humanos, así como un compromiso genuino por parte de las autoridades para enfrentar la crisis.
Llega la tómbola al Edomex
La decisión de elegir a jueces y magistrados del Poder Judicial del Estado de México mediante una tómbola, informado por el presidente de la Junta de Coordinación Política, Francisco Vázquez Rodríguez, plantea una paradoja entre los ideales de inclusión y el rigor que exige la impartición de justicia. Si bien el objetivo declarado es eliminar el clasismo y democratizar el acceso a estos puestos, la medida podría desvirtuar la relevancia de la preparación, la trayectoria y el mérito, pilares fundamentales para garantizar una justicia eficiente y confiable. La idea de someter un proceso tan crucial al azar genera preocupaciones sobre la calidad de los nombramientos y el impacto que esto tendrá en la credibilidad del sistema judicial. Aunque la iniciativa busca combatir las prácticas elitistas que históricamente han caracterizado al Poder Judicial, sustituirlas por un sistema aleatorio no asegura que se logre una justicia más equitativa ni imparcial. Por el contrario, podría abrir la puerta a inconsistencias y poner en riesgo la confianza ciudadana en las instituciones.
La alimentación de los mexiquenses
Los datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2020 exponen una realidad alarmante en el Estado de México: 2.2 millones de personas carecen de acceso regular a alimentos suficientes, mientras que 1.9 millones de menores de edad enfrentan inseguridad alimentaria moderada, y más de 325 mil sufren inseguridad severa. En este contexto, el DIFEM, encabezado por Karina Labastida, ha lanzado cuatro programas. Si bien las reglas de operación establecen un marco inicial, es crucial que los recursos destinados sean suficientes y que las acciones lleguen verdaderamente a quienes más lo necesitan. Además, se requiere transparencia en la ejecución y un monitoreo adecuado para evitar rezagos y garantizar que estos programas contribuyan a reducir significativamente la brecha alimentaria que afecta a millones de mexiquenses.
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