La crisis en los hospitales estatales refleja el deterioro del sistema de salud estatal mexiquense, donde la falta de insumos y condiciones dignas de trabajo ha llevado al personal médico a protestar. El bloqueo en Paseo Tollocan por personal del Hospital Mónica Pretelini es un grito de auxilio que no puede ser ignorado. La titular de la Secretaría de Salud, Macarena Montoya, ha asumido su responsabilidad, desde su llegada ofreció soluciones concretas ante esta situación, que llegó a un punto crítico. No es la primera vez que el sector salud enfrenta denuncias por abandono e insuficiencia operativa, pero operar con menos del 30% de la capacidad hospitalaria es alarmante. La secretaria Montoya tiene en sus manos la oportunidad de revertir esta crisis y demostrar que la salud pública es una prioridad real, no solo un discurso. Ignorar las demandas del personal médico es condenar a pacientes y trabajadores a una precariedad inaceptable. Y a esto se suman las mismas protestas en el ISSEMYM.
Riesgo detectado a tiempo
La imparcialidad en los procesos electorales es un pilar fundamental de la democracia, y el rechazo de mil 230 solicitudes de observadores por filiación partidista refuerza la necesidad de mantener la vigilancia ciudadana libre de sesgos. Sin embargo, este alto porcentaje de rechazos también pone en evidencia que aún persisten intentos de interferencia en la observación electoral. El vocal ejecutivo del INE en el Estado de México, Joaquín Rubio, debe garantizar que la ciudadanía tenga plena confianza en la transparencia del proceso, evitando que actores políticos intenten cooptar este mecanismo de supervisión. Las 6 mil 500 solicitudes reflejan un interés significativo de la sociedad en vigilar la elección, pero el INE debe redoblar esfuerzos para asegurar que quienes obtengan la acreditación cumplan con los criterios de independencia.
Acusaciones contra Morena
Las denuncias sobre afiliaciones indebidas realizadas por Morena en diversas entidades del país evidencian una preocupante manipulación del padrón partidista. El uso indebido de programas sociales, la instalación de módulos en espacios educativos y la afiliación sin consentimiento ciudadano son prácticas que no solo vulneran derechos, sino que también distorsionan la competencia democrática. José Luis Villalobos García, Coordinador Nacional de Afiliación y Registro Partidario del PRI, ha señalado que estas acciones constituyen delitos graves que podrían derivar en sanciones económicas significativas. Más allá de las multas que podrían alcanzar los 108 mil pesos por expediente, el verdadero problema radica en la impunidad con la que operan estas estrategias de coacción política. La normatividad electoral es clara en su prohibición, pero su cumplimiento depende de la voluntad y capacidad de las autoridades para investigar y sancionar.
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