El diputado Maurilio Hernández presentará una iniciativa para reformar el artículo 40 bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México para establecer que la Asamblea sesionará de manera presencial en el salón de sesiones, obligando así a los diputados a acudir a sesiones plenarias. Con esta medida, se pondría fin a la práctica de participar virtualmente, modalidad que, si bien fue necesaria en tiempos de emergencia, terminó por convertirse en una comodidad que debilitó el debate parlamentario. La presencia física de los legisladores es fundamental para la deliberación efectiva, el intercambio de ideas y la toma de decisiones que realmente reflejen el sentir ciudadano. Esta reforma busca devolverle seriedad y compromiso al trabajo legislativo, dejando atrás la flexibilidad del esquema virtual que permitió ausencias disfrazadas de participación remota. La labor parlamentaria exige debate cara a cara y acuerdos construidos en el diálogo directo.
Opacidad sin consecuencias
La obligación de los entes gubernamentales en el Estado de México de transparentar la información pública pierde fuerza cuando no existen sanciones para quienes incumplen. Sin consecuencias reales, la rendición de cuentas se convierte en una mera formalidad que depende de la voluntad de cada dependencia o municipio. La falta de registros de sanciones por parte del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem), dirigido por José Martínez Vilchis, deja en evidencia una laguna legal o, peor aún, un desinterés por hacer cumplir la ley, lo que merma el derecho ciudadano al acceso a la información y fomenta la opacidad. Urge una reforma que no solo establezca reglas claras, sino que garantice su cumplimiento con mecanismos de vigilancia y sanción efectivos.
Artesanos en el abandono
Las cifras reveladas por Agustín Herrera Pérez, director general del Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías del Estado de México (IIFAEM), exponen una realidad alarmante: el 80% de los maestros artesanos vive en pobreza, mientras que el presupuesto asignado apenas permitiría otorgarle 600 pesos a cada uno. Esta situación evidencia el abandono histórico del sector artesanal, pese a ser un pilar cultural y económico del estado. Es urgente replantear las políticas de apoyo y financiamiento para que el talento y el legado de los artesanos no se pierdan en la precariedad. La asignación de recursos es tan baja que no representa una solución real, sino apenas un paliativo simbólico. La artesanía mexiquense es un patrimonio invaluable, pero sin inversión y estrategias efectivas, corre el riesgo de desaparecer.
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