El reciente anuncio del ISSEMyM sobre la asignación de 29 millones de pesos para la compra de medicamentos del cuadro básico es una señal positiva de compromiso con el derecho a la salud de los derechohabientes. Bajo la dirección de Ignacio Salgado García, el Instituto ha avanzado en los procesos de licitación desde principios de año, lo cual permite mayor transparencia y planificación en la distribución de medicamentos. No obstante, el verdadero reto será garantizar que estos recursos se traduzcan en abasto efectivo y oportuno en las unidades médicas, donde los pacientes enfrentan cotidianamente la carencia de insumos esenciales. Más allá de la asignación presupuestal y la adjudicación de claves a nuevos proveedores, lo que se necesita es un sistema logístico eficiente que evite retrasos y que el problema no se repita de nuevo. Ha sido un tema muy sensible desde hace algunos años a nivel nacional.
Primeras consecuencias
El relanzamiento de la reforma al Código Penal del Estado de México representa una oportunidad para modernizar el sistema de justicia, aunque la pausa actual evidencia los vacíos institucionales que deja una transición de liderazgo. La necesidad de definir con precisión las funciones del Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial es urgente, no solo para evitar duplicidades y conflictos internos, sino también para garantizar una justicia más eficiente y transparente. Como lo señaló José Carmen Castillo Ambriz, integrante del Consejo de la Judicatura, esta etapa de espera no debe convertirse en inmovilidad, sino en un momento estratégico para el análisis técnico y jurídico que fortalezca el proyecto. Resulta preocupante que una iniciativa de tal relevancia haya quedado en suspenso debido a la falta de continuidad en la gestión judicial. La postergación hasta septiembre, a la espera del nuevo titular del Poder Judicial, refleja una dependencia excesiva de las figuras individuales en lugar de instituciones sólidas y con rumbo definido.
El penal de Chalco
La situación del Centro Penitenciario de Chalco es insostenible y refleja el fracaso estructural del sistema penitenciario en el Estado de México. Con una sobrepoblación del 500 por ciento, este penal no sólo viola los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, sino que también pone en riesgo la seguridad, la salud y los programas de reinserción. Víctor Manuel Martínez Mendoza, subsecretario de Control Penitenciario, debe reconocer que esta crisis no puede seguir siendo administrada con paliativos, sino que exige una intervención urgente del gobierno estatal y federal. El hacinamiento extremo impide condiciones mínimas de habitabilidad y vuelve inviables los esfuerzos de rehabilitación social. Si el Estado no garantiza espacios dignos ni condiciones seguras, perpetúa un entorno de violencia, corrupción y abandono. Víctor Manuel Martínez Mendoza tiene la responsabilidad de encabezar un rediseño del modelo penitenciario.
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