La declaración de Horacio Duarte Olivares, secretario general de Gobierno del Estado de México, de que no habrá afectaciones a temas torales por el costo de la elección judicial, la cual el IEEM estima en 941 millones de pesos, deja dudas. Si bien es positivo que el gobierno mexiquense analice estrategias para atender la solicitud presupuestal sin afectar sectores clave, es crucial que el proceso se realice con total transparencia. La ciudadanía merece conocer cómo y de dónde se recortarán estos 941 millones de pesos, ya que cualquier decisión que impacte el gasto operativo podría tener consecuencias en la calidad de los servicios públicos. Además, este tipo de decisiones representan una oportunidad para fomentar la rendición de cuentas y generar confianza en la gestión de recursos públicos, especialmente en un tema tan sensible como el financiamiento electoral. Lo más importante será combatir el fantasma del abstencionismo y saber que se gastaron bien esos millones, que no son pocos.
Que sea permanente
La puesta en operación de las unidades de Transporte Rosa de Acolman a Indios Verdes por parte de Daniel Sibaja, secretario de Movilidad, representa un avance significativo para mejorar la movilidad y seguridad de las mujeres que diariamente realizan largos trayectos. Este esfuerzo no solo responde a una demanda urgente de protección frente a situaciones de acoso en el transporte público, sino que también impulsa la inclusión laboral de mujeres conductoras a través del programa “Mujeres al Volante”. Sin embargo, el verdadero desafío será garantizar la permanencia de este servicio, asegurar su calidad, mantenimiento y ampliación a otras rutas, para que no se quede como una medida simbólica o de corta duración. Será clave establecer un esquema de monitoreo y retroalimentación que permita evaluar el impacto del programa, además de un plan financiero que asegure su continuidad. Este programa debe ser un punto de partida, no un esfuerzo aislado.
El futuro cercano
La declaración de Jorge Ernesto Hernández Sánchez, coordinador de Estudios y Proyectos Especiales de la Secretaría del Campo, pone en evidencia un problema alarmante: la vulnerabilidad del campo mexiquense frente a los efectos del cambio climático. La pérdida de 6 mil hectáreas de cultivos, principalmente de maíz, no solo afecta a los productores agrícolas, sino que también pone en riesgo la seguridad alimentaria de la región. El impacto de la sequía y el fuego en el ciclo agrícola 2024 no es solo un problema coyuntural, sino una advertencia del futuro al que se enfrenta el sector agrícola en México. Es imperativo invertir en tecnología de monitoreo climático, fomentar el uso de cultivos más resistentes y establecer programas educativos para los productores. Sin estas acciones, el impacto será cada vez más devastador, comprometiendo tanto el sustento de miles de familias campesinas como la economía del estado.
Síguenos en nuestras redes sociales:
Instagram: @eluniversaledomex, Facebook: El Universal Edomex y X: @Univ_Edomex.
