La pasada administración estatal de Alfredo del Mazo Maza dejó un panorama desolador en la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (PROPAEM). Con apenas diez personas encargadas de atender denuncias por maltrato animal en una entidad de más de 17 millones de habitantes, queda claro que la protección de los derechos de los animales y el cuidado ambiental no fueron una prioridad. La secretaria de Medio Ambiente, Alhely Rubio Arronis, ha señalado con franqueza que la dependencia estaba desmantelada: sin inspectores ni técnicos veterinarios capacitados para intervenir en casos de emergencia. El diagnóstico de la actual administración sobre el estado de la PROPAEM es alarmante y exige acciones inmediatas. Más allá de describirla como un "elefante blanco", la falta de recursos humanos y técnicos durante la gestión pasada evidencia un desprecio por la labor de esta institución clave para el bienestar ambiental y animal.
Inversiones sin riesgo
La secretaria de Desarrollo Económico del Estado de México, Laura González, ha descartado que las recientes amenazas arancelarias por parte del presidente de los Estados Unidos representen un riesgo para las inversiones anunciadas en la entidad. Este pronunciamiento busca dar un mensaje de calma a los inversionistas y garantizar la continuidad de los proyectos económicos, aunque el contexto internacional siga mostrando tensiones comerciales que podrían tener efectos secundarios. La declaración subraya la confianza del Estado de México en la solidez de las relaciones bilaterales y en la estabilidad de los acuerdos alcanzados. Pero hace falta que el gobierno estatal adopte una estrategia clara para blindar la llegada de inversiones extranjeras ante los vaivenes de las políticas internacionales. Tiempos difíciles vendrán con el vecino del norte.
A cerrar filas
El diputado Carlos Martínez Zurita Trejo ha exhortado a los 125 municipios del Estado de México a sumarse a los esfuerzos para atender a los migrantes deportados, siguiendo el ejemplo de la Comisión de Derechos Humanos de la entidad. Este llamado destaca la necesidad de articular una respuesta solidaria y coordinada ante un fenómeno que impacta directamente a miles de familias mexiquenses. La deportación de migrantes no solo implica un retorno forzoso, sino también una serie de desafíos sociales y económicos que requieren una red de apoyo municipal que ofrezca asistencia inmediata, desde albergues hasta orientación laboral y jurídica. Sin embargo, este exhorto pone sobre la mesa una cuestión fundamental: ¿están los municipios preparados para asumir esta responsabilidad? La atención a los migrantes deportados no debe quedar en un simple acto de voluntad, sino de política pública.
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