La Universidad Autónoma del Estado de México atraviesa uno de los periodos más oscuros en su historia reciente. Años de rectorados marcados por la opacidad, el control político y el uso discrecional de los recursos públicos han minado su legitimidad ante la sociedad. El modelo de candidatura única, convertido en práctica habitual, ha impedido la pluralidad interna y perpetuado una élite administrativa que, lejos de rendir cuentas, se recicla en círculos de poder. La comunidad universitaria, cada vez más crítica, observa con preocupación cómo las viejas prácticas se repiten, ahora con el nombre de Eréndira Fierro. La reciente denuncia del rector Carlos Barrera Díaz ante la Fiscalía mexiquense por la circulación de un audio supuestamente falso ilustra el clima de desconfianza que impera en la institución. Más allá de su veracidad o falsedad, el contenido del audio y su impacto mediático reflejan un malestar profundo: la percepción de que la vida universitaria está subordinada a intereses políticos y personales. En vez de aclarar las dudas, la respuesta oficial parece buscar cerrar filas, sin atender el fondo del problema.
Festival desangelado
El Festival Infantil “Ko'One'Ex Baaxal”, promovido por la Secretaría de Turismo del Estado de México, fue el reflejo de una gestión improvisada y sin conexión con la ciudadanía. La falta de asistentes, la ausencia de una inauguración formal y la necesidad de recurrir al propio personal de la dependencia para llenar los talleres evidencian un evento fallido desde su concepción. Las sillas vacías no solo simbolizan el desinterés del público, sino también la incapacidad institucional para generar actividades culturales con impacto y convocatoria reales. Lo más preocupante es que este fracaso ocurre bajo la dirección de Nelly Carrasco, quien constantemente se deslinda de las prácticas de gobiernos anteriores con el argumento de que “no son iguales”. Sin embargo, los hechos muestran lo contrario: opacidad, desorganización y falta de profesionalismo. Si se pretende marcar una diferencia real, es indispensable comenzar por asumir responsabilidades.
Un problema a visualizar
En el Estado de México, como en gran parte del país, persiste una dolorosa omisión: la niñez con padres privados de la libertad sigue siendo invisible para las políticas públicas. Se estima que en México hay entre 300 mil y 500 mil menores en esta condición, pero la ausencia de un registro oficial y el limitado seguimiento a su situación los relega al abandono institucional. Esta población enfrenta riesgos sociales, emocionales y económicos profundos, mientras las autoridades continúan sin reconocerlos como sujetos de atención prioritaria. La especialista Elisa González Calderón lo advierte con claridad: no hay datos específicos ni voluntad política para atender este problema. La invisibilidad de estos niños y niñas no solo es institucional, también es académica y mediática. El silencio en torno a su situación perpetúa el ciclo de desigualdad y estigmatización. Urge que el Estado de México abra este tema en la agenda pública.
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