El aumento de la extorsión en el Estado de México, que lo coloca como la entidad con la mayor tasa de este delito a nivel nacional, debe ser un tema prioritario en las mesas de coordinación para la paz. Con un promedio de nueve carpetas de investigación diarias, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el crimen organizado y las redes de extorsión afectan gravemente a comerciantes, transportistas y familias, generando un clima de miedo e impunidad. Y hay un detalle: hay muchas extorsiones que no se denuncian, por lo que la cifra debe ser mayor. La ciudadanía necesita recuperar la confianza en sus autoridades, y ello solo será posible si se ven resultados claros y sostenidos. La gobernadora Delfina Gómez Álvarez tiene la oportunidad de liderar un cambio profundo, convocando a todos los niveles de gobierno y sectores sociales a combatir de raíz este delito que asfixia la economía local y la tranquilidad de las familias mexiquenses.
La transparencia en riesgo
La crisis de transparencia que atraviesa México se refleja con claridad en el Estado de México, donde la incertidumbre sobre el futuro del INFOEM amenaza con abrir las puertas a la opacidad. Si bien aún no se define el nuevo modelo administrativo del instituto, esto no puede ser excusa para que los sujetos obligados incumplan su deber de publicar información y atender solicitudes ciudadanas. Como señala José Martínez Vilchis, titular del instituto, es momento de prepararse, proponer mejoras y defender el acceso a la información, incluso en medio de la incertidumbre normativa. Frenar el flujo de datos públicos no sólo vulneraría el derecho ciudadano a saber, sino que también debilitaría la rendición de cuentas en un momento donde la vigilancia social es más necesaria que nunca. La transición normativa no debe traducirse en parálisis, sino en una oportunidad para fortalecer los mecanismos de acceso a la verdad pública, será complicado.
La urgente simplificación burocrática
La propuesta de reforma a la ley de regulación económica anunciada por Laura González Hernández, secretaria de Desarrollo Económico, es un paso urgente para dinamizar la actividad empresarial en el Estado de México. Su iniciativa, que será presentada a la Cámara de Diputados, busca unificar criterios entre municipios y reducir la burocracia en los trámites de bajo impacto. Sin embargo, el éxito de esta reforma dependerá del compromiso de los legisladores y del trabajo coordinado entre los municipios. Será importante garantizar que la unificación de criterios no sacrifique la transparencia ni los controles necesarios para evitar actos de corrupción. Esta es una oportunidad para que el Estado de México dé un paso firme hacia la modernización de su sistema económico, impulsando la competitividad y fomentando el crecimiento sostenido.
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