La apertura de los módulos para la certificación y obtención de licencias de conducir para motociclistas en el Estado de México inició con tropiezos. En el Centro de Servicios Administrativos "Vicente Guerrero" Bicentenario, ubicado en Tlalnepantla, motociclistas que habían sido citados previamente vía electrónica se encontraron con largas filas y un sistema que no respetó el orden de las citas asignadas. Esta falta de organización generó molestia entre los asistentes, quienes esperaban un proceso ágil y eficiente para cumplir con la nueva normativa estatal. A pesar de las expectativas generadas por la instalación de estos módulos, el caos observado en el primer día refleja deficiencias en la planeación y ejecución por parte de las autoridades. La Secretaría de Movilidad, encabezada por Daniel Sibaja, enfrenta ahora el reto de corregir estos fallos para garantizar que el proceso de certificación no solo sea accesible, sino también funcional y ordenado.
La rifa del tigre
El nombramiento de Fernando Díaz Juárez como presidente interino del Poder Judicial del Estado de México representa una verdadera “rifa del tigre”. Con una trayectoria de casi nueve años como magistrado, Díaz Juárez asume un encargo cargado de retos que van más allá de la temporalidad de su gestión. Entre las tareas más urgentes destaca el cumplimiento de los compromisos derivados de la Reforma Judicial, que incluyen la entrega inmediata de información clave sobre cargos vacantes y renuncias en el Poder Judicial. A pesar de su experiencia, su breve mandato, que concluirá en septiembre, lo obliga a tomar decisiones estratégicas en un panorama que exige celeridad, precisión y visión a largo plazo. El contexto político y administrativo no deja margen de error para Díaz Juárez, quien deberá mantener una relación institucional sólida con los Poderes Ejecutivo y Legislativo, así como con los órganos electorales. Y nada más.
El reto de cumplir
El Gobierno del Estado de México, bajo la administración de Delfina Gómez, enfrenta un reto monumental al proponer iniciativas ambiciosas para proteger el medio ambiente, particularmente en la gestión de residuos sólidos y la regulación de prácticas contaminantes. Las propuestas buscan sancionar con severidad el uso gratuito de plásticos de un solo uso y los cañones antigranizo, medidas que, aunque necesarias, exigen una estrategia robusta para garantizar su implementación efectiva. Estas políticas reflejan una visión de largo plazo, pero el verdadero desafío radica en superar resistencias económicas y culturales, además de fortalecer los mecanismos de inspección, supervisión y educación ambiental en una de las entidades más pobladas y diversas del país. Para lograr que estas iniciativas trasciendan el papel, el gobierno de Delfina Gómez deberá sortear obstáculos significativos, como la falta de infraestructura para el manejo adecuado de residuos y la resistencia de sectores económicos que aún dependen de plásticos de un solo uso.
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