La gestión de Alma Diana Tapia Maya al frente de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (Cepanaf) y de Alhely Rubio, en la Secretaría del Medio Ambiente, queda a deber. Los parques estatales muestran señales claras de abandono, y el caso del Parque Sierra Morelos es revelador: promesas incumplidas y el ajolotario aún cerrado, pese a los anuncios oficiales. Esta falta de avances no solo evidencia una administración ineficaz, sino también una desconexión preocupante con el compromiso ambiental que se presume desde el gobierno estatal. Peor aún, en un movimiento que contradice la política de protección animal impulsada por la gobernadora Delfina Gómez, Tapia Maya ordenó el cierre abrupto del Centro de Bienestar Animal de Atlacomulco, espacio que había sido inaugurado por la propia mandataria. Ahora, tras semanas de silencio, la dependencia intenta demostrar que el centro “ya está funcionando”, aunque lo hace sin ofrecer un dato verificable, responsabilidad de Valeria Padilla, de la Unidad de Promoción, Difusión y Relaciones Públicas de la Cepanaf. ¿Qué se está ocultando? La opacidad, en todo caso, ya es una forma de respuesta.
Militares y marinos
La presencia de militares y marinos al frente de corporaciones municipales de seguridad en el Estado de México, si bien puede interpretarse como una medida emergente ante la falta de perfiles confiables, también deja en evidencia una preocupante realidad: los municipios no están generando cuadros profesionales capaces de superar los exámenes de Control y Confianza. Que elementos de la SEDENA, MARINA y la Secretaría de Seguridad estatal deban asumir funciones civiles habla no solo de una crisis de capacitación, sino de una falta estructural en el desarrollo institucional local. El propio titular de la Secretaría de Seguridad estatal, Cristóbal Castañeda Camarillo, reconoce que hay investigaciones abiertas por las fallas en los exámenes, pero no se detalla qué se hará para resolverlas de fondo. La militarización de la seguridad pública no puede convertirse en la salida permanente a un problema que exige fortalecimiento civil, rendición de cuentas y verdadera depuración institucional.
Más casas de empeño
El crecimiento acelerado de casas de empeño en el Estado de México, de poco más de 300 hace seis años a 613 aprobadas en este 2025, no es señal de dinamismo económico, sino un reflejo alarmante de la precarización social. Cada nueva casa de empeño que abre sus puertas es testimonio silencioso de familias que, ante la falta de liquidez, recurren a desprenderse temporalmente de sus bienes para sobrevivir. Esta tendencia revela un deterioro en el poder adquisitivo y una creciente dependencia del crédito informal. Se celebra la regularización de ellas por parte de la Secretaría de Finanzas de Oscar Flores, pero hay un trasfondo económico que impulsa su proliferación. El reto estatal es impulsar una economía incluyente que no esté al día.
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