La supervisión realizada por Notarías Públicas del Estado de México en la marcha del Día Internacional de la Mujer es un paso relevante hacia la transparencia en el actuar de las fuerzas de seguridad. La verificación de que los elementos estatales no portaran armas letales ni objetos de riesgo refuerza el compromiso de las autoridades con el respeto a los derechos de las manifestantes. Sin embargo, este ejercicio debe ir más allá de un acto protocolario y convertirse en una práctica habitual que garantice la seguridad y confianza en futuras movilizaciones. El acompañamiento de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, dirigida por Myrna García Morón, en la aplicación del Protocolo de Actuación Policial es una acción necesaria, pero insuficiente si no se traduce en una política pública efectiva. Las protestas feministas han sido históricamente objeto de represión, por lo que la supervisión de las fuerzas de seguridad debe complementarse con mecanismos de rendición de cuentas y sanción a quienes incumplan los protocolos. La lucha por los derechos de las mujeres no solo debe ser protegida, sino respaldada por un Estado que garantice su libre expresión sin riesgo de violencia institucional.
Reto de la elección judicial
El déficit de jueces en el Estado de México no solo es una cifra alarmante, sino un desafío clave en el contexto de la próxima elección judicial. Con una tasa de 2.8 jueces por cada cien mil habitantes, muy por debajo de la media nacional, y un índice de impunidad del 96.54 %, la designación de nuevos magistrados y jueces debe ser vista como una prioridad. La elección judicial representa una oportunidad para corregir esta brecha histórica, pero también un reto ante la necesidad de garantizar un proceso transparente, basado en méritos y libre de intereses políticos. Fernando Díaz Juárez, presidente del Tribunal Superior de Justicia estatal, ha reconocido la sobrecarga del sistema, donde más de la mitad de los jueces atienden asuntos penales. La falta de recursos humanos en el Poder Judicial no solo ralentiza la impartición de justicia, sino que también pone en riesgo la confianza ciudadana en las instituciones. El proceso electoral que se avecina para la designación de jueces debe atender no solo el número de nombramientos, sino la urgencia de reforzar la independencia judicial y la capacitación de los futuros impartidores de justicia.
Caminando seguras
El Gobierno del Estado de México ha implementado el programa Caminemos Seguras con el objetivo de mejorar la seguridad de mujeres, adolescentes y niñas en espacios públicos. Esta iniciativa se centra en la instalación de luminarias en áreas estratégicas de los 11 municipios que cuentan con alerta de violencia de género por feminicidio y desaparición. La secretaria de las Mujeres, Mónica Chávez Durán, enfatizó que este programa busca garantizar el derecho de las mujeres a transitar libremente y sin temor, promoviendo su participación activa en la transformación de sus comunidades. Chávez Durán resaltó que las violencias ejercidas contra las mujeres en espacios públicos limitan su plena participación ciudadana. Por ello, Caminemos Seguras no solo se enfoca en la mejora de la infraestructura urbana, sino también en fomentar la apropiación de estos espacios por parte de las mujeres.
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