El reciente recorte de 60 empleados en el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (INFOEM) evidencia la gravedad de la insuficiencia presupuestaria que enfrenta el organismo. José Martínez Vilchis, comisionado presidente, justificó la decisión como una medida responsable ante la falta de recursos para sostener la plantilla laboral. Sin embargo, más allá de la reestructuración interna, este ajuste plantea interrogantes sobre el impacto en la operatividad del instituto y en la garantía del derecho ciudadano a la transparencia y protección de datos. Ello genera preocupación sobre la capacidad del INFOEM para cumplir con su labor. La transparencia y el acceso a la información requieren eficiencia y autonomía, y una reducción de recursos humanos podría traducirse en retrasos en la atención de solicitudes y menor vigilancia sobre el ejercicio gubernamental. Tiempos difíciles para la transparencia y fáciles para la opacidad.
Más carga al ISSEMYM
La crisis financiera del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM), a cargo de Ignacio Salgado García, se ha profundizado con el aumento del 28% en el número de pensionados y la reducción de derechohabientes en los últimos años. La caída de afiliados, de más de un millón en 2017 a 823 mil en 2024, contrasta con el incremento en el número de jubilados, lo que genera una presión insostenible sobre el presupuesto. Este desbalance pone en riesgo la viabilidad del sistema y plantea la necesidad urgente de reformas que garanticen la estabilidad financiera sin afectar la calidad de los servicios médicos y las pensiones. A esta situación se suman las protestas en las calles, reflejo del descontento social ante el temor de recortes en prestaciones o el colapso del sistema. Es imprescindible un replanteamiento del modelo de financiamiento del ISSEMyM, que contemple fuentes de ingreso sostenibles y una gestión eficiente de los recursos.
El nuevo capítulo de Atarraya
El retiro de sellos en las barberías afectadas por el Operativo Atarraya marca un paso hacia la normalización de estos negocios, pero deja en el aire varias preguntas sobre la transparencia y justificación del operativo. La decisión de permitir la reapertura bajo un acuerdo y con la presentación de documentos en regla sugiere que algunos de estos establecimientos nunca debieron haber sido clausurados en primer lugar. Más allá de las reuniones entre dueños y autoridades, es fundamental que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, liderada por José Luis Cervantes Martínez, explique con claridad los criterios utilizados para los cierres y garantice que futuras intervenciones no afecten injustamente a comercios formales. Este caso también pone en evidencia la falta de un protocolo claro que evite la criminalización de pequeños negocios sin pruebas contundentes.
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