La titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (Osfem), Liliana Dávalos Ham, inicia actividades. Los municipios mexiquenses enfrentarán un riguroso escrutinio con las 163 auditorías y 378 revisiones programadas para 2025. Este ejercicio de fiscalización es clave para garantizar el uso adecuado de los recursos públicos aplicados en 2024. La doble auditoría en municipios como Ecatepec, La Paz y Valle de Chalco Solidaridad sugiere que hay focos de preocupación, lo que obliga a las administraciones locales a reforzar sus mecanismos de control y corregir posibles anomalías antes de que las irregularidades se conviertan en escándalos de corrupción. Más allá de un ejercicio técnico, estas auditorías representan una prueba de confianza para las instituciones públicas y sus autoridades. La verdadera pregunta es si los resultados de estos exámenes derivarán en sanciones reales o simples observaciones sin consecuencias.
Van 95 por encabezar el tribunal mexiquense
La contienda por la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, detentada actualmente por el interinato de Fernando Díaz, ha despertado un interés sin precedentes, con 95 aspirantes en busca del máximo cargo judicial en la entidad. Este proceso de renovación no solo definirá el futuro del Tribunal, sino que también pondrá a prueba la independencia del Poder Judicial mexiquense. La alta participación de aspirantes es un reflejo del interés por fortalecer la impartición de justicia, pero la clave estará en que la Legislatura garantice un proceso de selección basado en méritos y no en afinidades políticas. El reto será evitar que esta designación termine como un reparto de cuotas entre grupos de poder y, en su lugar, se privilegie la trayectoria, la probidad y el compromiso con una justicia imparcial y eficiente para la ciudadanía.
Regularización de viviendas
La firma del convenio entre 19 municipios del norte del Estado de México para frenar el crecimiento urbano desordenado y regularizar la tenencia de la tierra es necesario ante el avance de los asentamientos irregulares. La presencia de los alcaldes y la instalación de comités municipales encargados de supervisar este proceso refuerzan la importancia de una coordinación interinstitucional efectiva. La fijación de un costo accesible de mil 200 pesos para estos trámites es un alivio para los ciudadanos. El Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (IMEVIS), encabezado por su director general, Alejandro Tenorio Esquivel, tiene el reto de atender la demanda de los ciudadanos. Se espera que este tipo de programas se extiendan a municipios de otras zonas del Estado de México, son necesarios en muchos municipios aún.
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