El nombre de Jorge Olvera García, exrector de la UAEMéx, vuelve a estar en el centro del debate público. Su historial quedó marcado como parte de la Estafa Maestra, un esquema de desvío de más de 7 mil millones de pesos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Aunque nunca ha enfrentado consecuencias legales, su vínculo con esta trama genera dudas sobre su idoneidad para ocupar cargos de alta responsabilidad. A pesar de estos señalamientos, Olvera García figura hoy entre los aspirantes a una magistratura del Poder Judicial del Estado de México. Su posible designación no sólo reaviva el debate sobre la impunidad en el país, sino que también pone en entredicho el compromiso de las instituciones con la rendición de cuentas. ¿Es este el perfil que la justicia mexiquense necesita o una muestra más de que la memoria es corta cuando se trata de poder?
La duda del beneficio
El ISSEMyM, bajo la administración de Ignacio Salgado García busca disipar las críticas por el desabasto de medicamentos con la autorización de un presupuesto superior a los 3 mil 163 millones de pesos para el 2025. Si bien el Instituto asegura que los medicamentos comenzarán a distribuirse una vez emitidos los fallos de las licitaciones LPN/ISSEMYM/001/2025 y LPN/ISSEMYM/003/2025, los usuarios del sistema siguen padeciendo la falta de insumos básicos. Más allá de la gestión administrativa, lo que importa es si los pacientes verán realmente una mejora en el servicio. Sin mecanismos de supervisión efectivos y rendición de cuentas, la historia del desabasto podría repetirse, dejando a miles de personas en la incertidumbre mientras el presupuesto se diluye en la opacidad. Los derechohabientes, pensionados y pensionistas esperan y no dudarán en tomar las calles como lo han hecho los últimos meses.
Un reto para la Secretaría del Trabajo
A cinco años de la publicación de la Norma 035 por la Secretaría del Trabajo, su implementación sigue siendo un desafío en las empresas mexicanas. Con menos de la mitad de los centros laborales cumpliendo con los exámenes médicos y evaluaciones psicológicas que establece, los efectos de esta omisión se reflejan en menor productividad y mayor riesgo psicosocial para los trabajadores. Según Luis Eduardo Olivera Martínez, director del Consejo Latinoamericano de Calidad Humana y Responsabilidad Social, la falta de información es el principal obstáculo para su cumplimiento, lo que evidencia una tarea pendiente en materia de difusión y concientización. Para Norberto Morales Poblete, titular de la Secretaría del Trabajo en el Estado de México, esta situación representa un reto mayúsculo. No basta con que la norma exista en el papel; es necesario que las empresas la conozcan y la apliquen efectivamente. Difundir su importancia y garantizar su cumplimiento no solo mejoraría las condiciones laborales, sino que también fortalecería la cultura de bienestar y responsabilidad social en los espacios de trabajo.
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