La Operación Atarraya, promovida por las autoridades mexiquenses para el cierre de establecimientos irregulares, vuelve a estar en el centro de la polémica tras la agresión a Rayan y su hijo en Naucalpan. El ataque ocurrió frente a la chelería "Homero", un sitio previamente clausurado por la fiscalía, lo que pone en entredicho la efectividad del operativo. Si estos negocios siguen operando de manera clandestina, ¿qué tan real es el control que ejerce el gobierno? Más allá de los sellos y los comunicados oficiales, el caso refleja una preocupante impunidad que deja a comerciantes y vecinos en una zona de riesgo constante. Por otro lado, la fiscalía encabezada por José Luis Cervantes enfrenta cuestionamientos sobre su capacidad para garantizar la seguridad tras estos cierres. Si bien la clausura de antros irregulares es una medida necesaria, el hecho de que sigan funcionando en la sombra y que hechos violentos ocurran a sus puertas demuestra la falta de seguimiento y supervisión.
La Ley del Bienestar
El cambio de denominación de la Ley de Desarrollo Social a Ley de Bienestar en el Estado de México no es un mero ajuste semántico, sino una declaración política alineada con la retórica nacional. Según Jesús Domínguez González, encargado de despacho de la Dirección General de Legislación y del Periódico Oficial Gaceta de Gobierno, este cambio busca reforzar la obligación del Ejecutivo de aplicar políticas para mejorar el ingreso económico y reducir carencias sociales. Sin embargo, más allá del discurso, la clave estará en la implementación real de estas políticas. ¿Se garantizarán verdaderos mecanismos de transparencia y eficiencia en la entrega de apoyos o será solo un rebranding sin impacto tangible en la vida de los ciudadanos? Es fundamental que este cambio no se quede en una modificación de términos, sino que se traduzca en programas sociales con reglas de operación claras y medibles.
¿Ayuda o estrategia?
El programa "Dispensarios Médicos" del PRI en el Estado de México surge como una respuesta a la grave crisis de desbasto de medicamentos que afecta a millones de ciudadanos. Según Melissa Vargas Camacho, responsable política del PRI en la región 6 Lerma y titular de la Secretaría de Gestión Social, más de 7.5 millones de recetas quedaron sin surtir en 2023 y 2024, reflejando un problema estructural en las instituciones de seguridad social. Sin embargo, esta iniciativa impulsada por un partido político plantea cuestionamientos sobre su verdadero alcance: ¿es una solución efectiva o una estrategia electoral disfrazada de apoyo social? La salud no debería depender de programas partidistas, sino de políticas públicas sólidas que garanticen el abasto de medicamentos de manera institucional y permanente.
Síguenos en nuestras redes sociales:
Instagram: @eluniversaledomex, Facebook: El Universal Edomex y X: @Univ_Edomex.
