Los despidos que realizó la Secretaría de Movilidad, encabezada por Daniel Sibaja, que en días recientes determinó dar de baja a cinco funcionarios públicos a quienes les detectaron actos de corrupción, demuestra que hay un problema de fondo, histórico, complejo que deben abatir y es la corrupción. La SEMOV, concentra todos los trámites que deben cumplir las organizaciones transportistas para prestar el servicio público de pasajeros en la entidad más poblada del país, con un promedio de 9 millones de usuarios del servicio diariamente y que conecta con la Ciudad de México, es decir, negocios millonarios que están dispuestos a proteger los empresarios y que por décadas se rindieron a la corrupción pues parecía más sencillo que ordenarse y exigir transparencia. El secretario no enfrenta una tarea fácil, porque los exservidores públicos que despidieron amagaron con denunciar presuntos abusos en su contra, eso lo hacen ante el empoderamiento que les brindaron años de corruptelas, que fueron tolerados.
Comienzan los destapes
El exFiscal General de la entidad, Alejandro Gómez Sánchez busca un lugar como Magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial; este viernes completó su registro tanto por el Poder Ejecutivo como por el Legislativo. Es uno de los aspirantes en el proceso para elegir jueces y magistrados en el Estado de México. El abogado se despidió de la Fiscalía en febrero de 2022 y en años posteriores los cambios en la institución fueron radicales. El fiscal fue uno de los más abiertos para hablar de temas como el avance de las organizaciones criminales en territorio mexiquense, también impulsó cambios para indagar las muertes de mujeres con perspectiva de género y abrió la puerta para establecer protocolos de investigación en casos de desaparición. Su paso por la FGJEM no fue terso, llegaron los cuestionamientos sobre los resultados que arrojó al encabezar la Fiscalía; sin embargo, dejó una estela positiva.
Segunda oportunidad
Este viernes reabrieron algunas barberías de las 312 clausuradas en días pasados por la Fiscalía General de Justicia mexiquense, titulada por el Fiscal General José Luis Cervantes. La Operación Atarraya fue cuestionada por decenas de propietarios y trabajadores de estos negocios que indagan por la presunta comisión de mil 300 delitos, entre ellos homicidios y feminicidios. Hasta el momento la FGJEM no ha precisado el total de negocios que reanudaron sus labores y en la medida en que avanzaron las pláticas con las autoridades, disminuyeron las protestas. Por presión social o porque identificaron que entre los cierres había inocentes, ahora lo que queda es hacer público los puntos donde realmente se cometieron ilícitos para que los ciudadanos tengan cuidado.
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