Mientras la gobernadora Delfina Gómez Álvarez ha insistido en un gobierno austero, en el Estado de México persisten casos de funcionarios que rebasan incluso su salario, con percepciones mensuales que van de los 99 mil hasta casi 160 mil pesos. Esta disparidad no sólo contradice el discurso oficial, sino que también evidencia una estructura burocrática que no ha sido tocada. El caso más notorio es el de Martha Patricia Tovar Pescador, presidenta del Tribunal Electoral del Estado de México, quien gana más que la propia presidenta de la República, con un sueldo de 159 mil 091 pesos mensuales. El contraste entre el ingreso de estos altos mandos y la realidad social mexiquense refleja un pendiente urgente en la agenda de justicia y equidad.
Falsas promesas de Medio Ambiente
Pese a las promesas públicas de renovación, el Parque Sierra Morelos sigue mostrando signos de abandono. A casi un año del anuncio de remodelación, la realidad es otra: pocos atractivos disponibles, instalaciones cerradas y un evidente deterioro ambiental. La Granjita y el ajolotario llevan más de un año sin abrir, el área de venados quedó vacía, y hasta el emblemático árbol de las manitas muestra señales de muerte. La poca afluencia de visitantes durante este periodo vacacional no sorprende: el parque no ofrece lo que se prometió. Las declaraciones de Arely Rubio, secretaria del Medio Ambiente, sobre una inminente remodelación, y de Alma Tapia, titular de Cepanaf, asegurando que la granja ya estaba lista, se han convertido en falsas promesas. Mientras tanto, el deterioro del parque avanza sin una respuesta clara ni acciones visibles que restituya su valor ecológico y recreativo. La ciudadanía merece espacios públicos dignos y, sobre todo, autoridades que cumplan con su palabra.
Regaño a la UAEMéx
El Comité de Participación Ciudadana del Estado de México, encabezado por Claudia Hernández Flores, marcó una postura firme ante los recientes actos de represión y acoso contra un estudiante de la Preparatoria 2, Plantel Nezahualcóyotl. En el contexto del proceso de elección de la rectora de la UAEMéx, el CPC exige a las autoridades universitarias garantizar plenamente el derecho a la libre expresión y reconoce que cualquier intento por silenciar voces críticas socava los principios democráticos que deben prevalecer en la vida académica. La presidenta y los integrantes del Comité recordaron que la libertad de expresión es un pilar esencial para la participación ciudadana, particularmente en procesos donde la comunidad universitaria debe ser escuchada. Su pronunciamiento no sólo denuncia un caso puntual, sino que advierte sobre el riesgo de normalizar prácticas de censura en instituciones que deberían ser ejemplo de apertura, diálogo y pluralidad. Y sí, definitivamente la universidad tiene un proceso histórico: por estar en boca de todos.
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