La Universidad Autónoma del Estado de México atraviesa uno de los procesos de sucesión más cuestionados en su historia reciente. La filtración de una grabación en la que presuntamente el rector Carlos Eduardo Barrera Díaz amenaza con dejar sin recursos a su sucesora si no se apoya a la candidata, Eréndira Fierro, refleja no solo un abuso de poder, sino la instrumentalización de una institución pública para fines políticos personales. Esta situación mancha gravemente la legitimidad del proceso y compromete la autonomía universitaria. El acarreo de estudiantes, el uso indebido de recursos, el rechazo inicial a una aspirante con argumentos cuestionables, y la falta de transparencia en la respuesta institucional, son solo síntomas de un sistema que se resiste al cambio. Barrera Díaz ya pasó a la historia: es el primer rector a quien se le exige su salida desde el Congreso Local. Así las cosas.
Con la cuchara grande
Mientras en el Estado de México persisten los recortes presupuestales, el Infoem, la institución encargada justamente de promover la transparencia, autorizó un gasto de 3.8 millones de pesos en arrendamientos, una cifra difícil de justificar ante las necesidades prioritarias de la ciudadanía. El hecho de que la renta mensual asciende a 318 mil pesos, sin una explicación clara sobre la elección de estos inmuebles o los criterios de contratación, contradice el espíritu mismo del organismo que dirige José Martínez Vilchis. El Infoem debe rendir cuentas con más rigor que cualquier otra institución, porque su credibilidad está directamente vinculada con su actuar. ¿Cómo puede exigir transparencia a los municipios o dependencias estatales si sus propias decisiones de gasto no están sustentadas en criterios de austeridad ni eficiencia? En un estado con tantas carencias sociales, el gasto elevado en oficinas de lujo resulta no sólo cuestionable, sino ofensivo.
Más recursos de inclusión
La iniciativa promovida por la diputade Luisa Esmeralda Navarro Hernández representa el reconocimiento de derechos para las poblaciones LGBTTTIQNB en el Estado de México. Incluirles como grupo prioritario dentro de las políticas públicas no es un acto simbólico, sino una necesidad histórica que responde a décadas de exclusión sistemática. Este tipo de propuestas buscan cerrar brechas y garantizar que los programas de desarrollo social lleguen también a quienes han sido históricamente invisibilizados. La administración estatal y los gobiernos municipales deberán asumir el compromiso de atender con sensibilidad y responsabilidad a esta población, con enfoque de derechos humanos y perspectiva interseccional. La iniciativa de Navarro Hernández es una oportunidad para que el Estado de México avance hacia una política social verdaderamente incluyente. Los presupuestos serán el escenario.
Síguenos en nuestras redes sociales:
Instagram: @eluniversaledomex, Facebook: El Universal Edomex y X: @Univ_Edomex
