El lunes 25 de noviembre se festejó que por fin la LXII Legislatura del Estado de México había despenalizado la interrupción del embarazo, siempre que tal procedimiento ocurra dentro de las primeras 12 semanas de gestación.
Parece irrefutable que tal acción legislativa representó un avance en torno a la decisión de las mujeres para elegir si quieren ser madres o no, cuándo y en qué circunstancias. La dificultad es que se aplaude una despenalización que ni siquiera se ha conseguido sacar a flote de manera parcial, sino que se optó por dar un taimado “primer paso”, al reformar un par de artículos y derogar dos más, contenidos en el Código Penal del Estado de México. Punto. Hasta ahí quedó la tan ondeada entidad número 18 en el país, en la que se “aprobó” la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).
El borrador de la iniciativa, tal como había quedado, contenía una serie de reformas y de adiciones a la Ley de Educación; a la Ley de Asistencia Social; a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; al Código Administrativo, así como al Código Civil. Por supuesto, estos instrumentos jurídicos corresponden al Estado de México. El proyecto de decreto contenía más de 60 párrafos, entre enmiendas, complementos y reformas.
¿Por qué se restringió el trabajo de esta legislatura a la reforma de dos artículos y la derogación de otros dos del Código Penal? No se sabe. En sus respectivos turnos para ocupar la tribuna, se alcanzó a notar la profunda inconformidad que sentían las diputadas: Ana Leyva Piñón (Partido del Trabajo), Araceli Casasola Salazar (PRD) y Selina Trujillo Arizmendi (Morena). Si bien cada una mantuvo las formas hasta donde fue posible, dejaron ver que la iniciativa había sido salvajemente mutilada. Cuando las integrantes de la Marea Verde y otros grupos feministas se percaten de que se ha tratado de una primitiva y socarrona despenalización, el ambiente se va a tornar alcalino y de pronóstico reservado.
Si la ILE ya es una realidad en la entidad mexiquense: ¿dónde serán ubicadas las primeras unidades médicas a las que las mujeres podrán acudir para ejercer este derecho de salud reproductiva y sexual? Cada unidad deberá ser atendida por gineco obstetras, enfermeras(os), psicólogas, trabajadoras sociales, laboratoristas; y disponer del equipamiento, instrumental, medicamentos y el mobiliario necesario. La gobernadora Delfina Gómez Álvarez debería solicitar “respetuosamente” a la actual legislatura que le envíen una reforma seria e integral.
Si la Ciudad de México tiene 14 unidades médicas para atender la ILE ¿cuántas se instalarán en esta entidad? ¿Qué presupuesto se asignará a este derecho? ¿A partir de enero del 2025, las mexiquenses que lo soliciten podrán acceder a la ILE dentro del territorio estatal? Si no es así, ¿qué celebró la Marea Verde?
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