El lunes 25 de noviembre, a las 17:24 de la tarde, la LXII Legislatura del Estado de México, “despenalizó el aborto”, dentro de las primeras 12 semanas de gestación, con 51 votos a favor; siete en contra (del PAN) y, tres abstenciones. Evidentemente representa un avance en materia de libertades para las mujeres. A nadie se le debería imponer ni las relaciones sexuales ni ejercer contra su voluntad la maternidad.
Quienes hemos seguido esta agenda pública, esperábamos que esta legislatura tomará decisiones sobre esta problemática de manera integral. Es decir que, desde el próximo mes de diciembre, se incluyera en el presupuesto la partida económica correspondiente para que comenzaran a operar las primeras unidades médicas especializadas en proporcionar los respectivos servicios que requiere la ILE en varias regiones de la entidad.
En días previos, se había escuchado en los pasillos del palacio legislativo del Estado de México que la aprobación de la ILE solamente despenalizaría la causal de la decisión de las gestantes durante las primeras 12 semanas de embarazo. Hasta ahí, nada más. Es decir, que no querían agitar las aguas para materializar este derecho y que, poco a poco, al paso de los meses o de los próximos sexenios, se irá avanzando.
Cuando las integrantes de la marea verde, las feministas, así como otras colectivas, despierten de la “celebración” y se den cuenta de que tal aprobación ha sido, básicamente un, espérame tantito y luego te digo cuándo la ponemos en marcha, se va a armar la de San Quintín.
Así que, el lunes pasado mucha algarabía por la aprobación de la ILE, pero miles y miles de mujeres mexiquenses tendrán que seguir viajando a la Ciudad de México, para recibir estos servicios profesionales para mantener a salvo su existencia y su salud reproductiva. Otras más, deberán tener dinero para pagar al servicio médico privado para suspender una gestación que no han elegido.
Parece que comienza a instituirse la contradicción como forma de operación de esta legislatura. Ya es legal la Interrupción Legal del Embarazo en la entidad, pero no existen las condiciones, ni las unidades médicas requeridas; tampoco está disponible el personal médico ni otros profesionales indispensables y, menos aún, insumos para aplicar la ILE, en tanto no se tiene un solo centavo asignado a la despenalización. Aun así, festejan.
En parte, me tranquiliza porque escuché a las diputadas: Selina Trujillo Arimendi, de Morena; a Ana Yurixi Leyva Piñón, del Partido del Trabajo, así como a Araceli Casasola, del PRD, advirtiendo las tres que esta aprobación había sido incompleta y minúscula. Seguro estoy que lo harán saber.
