La detención de siete funcionarios en el Estado de México en días pasados, incluyendo a una alcaldesa y jefes de seguridad pública, representa un avance significativo en la lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, este logro contrasta con una realidad alarmante: de acuerdo con datos de la última publicación de “Hallazgos 2023” por parte México Evalúa, la impunidad en el Estado de México permanece por encima del 96%. Dicho en otras palabras, de cada cien delitos reportados, solo cuatro llegan a una resolución judicial, esto ocasionado por la falta de atención, investigación y/o resolución de los casos que fueron conocidos por la autoridad, ya sea al no haberse logrado un acuerdo reparatorio, no derivarse alguna salida anticipada, o bien, encontrarse sin sentencia. Este dato pone en duda si las acciones recientes son parte de una estrategia sostenida o simplemente un evento aislado.

La presidenta Sheinbaum ha enfatizado que la estrategia de seguridad se basa en la atención a las causas, fortalecimiento institucional, inteligencia e investigación, y coordinación entre niveles de gobierno. Estos pilares son, en teoría, un enfoque integral para atacar las raíces de la violencia. Sin embargo, el desolador panorama de impunidad refleja que las instituciones de justicia aún enfrentan retos estructurales profundos, en los cuales la corrupción y la falta de recursos siguen siendo los principales obstáculos.

La atención a las causas, que busca prevenir que los jóvenes se unan a grupos delictivos mediante programas sociales y educativos, es un esfuerzo loable. Pero sin un sistema judicial capaz de procesar delitos de manera eficaz, estas acciones pierden parte de su impacto. La fortaleza del Estado no solo radica en prevenir la violencia, sino en garantizar justicia para las víctimas.

Por otro lado, el fortalecimiento de la Guardia Nacional y la creación de un sistema nacional de inteligencia con bases legales más sólidas son avances prometedores. No obstante, estas medidas deben complementarse con fiscalías, y tribunales de justicia, independientes, profesionalizadas, y apegadas a la normativa internacional de Derechos Humanos. De poco sirve detener a responsables si los procesos judiciales no avanzan, o si los detenidos son liberados por errores procesales o corrupción.

El contraste entre el esfuerzo operativo reciente y las cifras de impunidad pone en evidencia un problema estructural: la falta de coordinación no solo entre niveles de gobierno, sino también entre las instituciones de seguridad y justicia. ¿De qué sirve arrestar a una autoridad coludida con el crimen organizado si la mayoría de los delitos nunca llegan a juicio?

El mismo informe por parte de México Evalúa, mide la “Cifra Negra” la cual es el conjunto de actos delictivos que no son reportados ante el Ministerio Público, o bien, no son objeto de una carpeta de investigación por las propias fiscalías y, en consecuencia, no figuran en ninguna estadística. La cifra negra a nivel nacional en el año 2022 fue de 92.4%, dicho en otras palabras, de cada cien delitos ocurridos en el país, solo ocho fueron denunciados.

De acuerdo con Hallazgos 2023 las principales razones por las cuales la población manifiesta un desinterés en acercarse a denunciar son atribuibles a las autoridades: procesos largos y tediosos, un trato inadecuado hacia las víctimas, (incluso revictimizante) y una baja expectativa de obtener una resolución o beneficio tras acudir ante las autoridades.

La lucha contra el crimen no puede limitarse a operativos mediáticos; requiere un cambio profundo en la manera en que se busca la justicia, entendida a partir de la verdad y la reparación del daño, implicando un giro del punitivismo hacia concepciones holísticas de lo justo, es decir, la justicia no puede comprenderse meramente como la equivalencia de un castigo.

La corrupción dentro de las fiscalías y el sistema judicial también alimenta este ciclo de impunidad. Por cada caso que se judicializa con éxito, hay decenas más que quedan sin seguimiento, dejando a las víctimas desprotegidas y fortaleciendo la percepción de que la justicia en México es inalcanzable. La presidenta destacó que un poder judicial que libere delincuentes por corrupción socava la construcción de la paz. Sin embargo, revertir esta realidad requiere más que señalar el problema; demanda políticas públicas integrales diseñadas con base en evidencia, y reformas estructurales sobre cómo se procesa y se atiende el delito.

En este contexto, el operativo reciente puede interpretarse como un paso en la dirección correcta, pero también expone las limitaciones del sistema. Es fundamental que estos esfuerzos no queden como actos simbólicos, sino que se traduzcan en una política sostenida que reduzca la impunidad. La sociedad mexicana necesita no solo justicia visible, sino un cambio palpable en el acceso a la misma.

La construcción de la paz es una meta ambiciosa y esencial. Sin embargo, mientras la impunidad siga siendo la norma, hablar de “cero impunidad” será percibido como una aspiración más que como una realidad alcanzable. El desafío es monumental, pero ineludible: transformar un sistema que históricamente ha fallado a la ciudadanía y convertirlo en un pilar confiable de justicia y seguridad.

Para que México sea un país en paz, libre y democrático, no basta con operativos espectaculares. Es necesario un compromiso real con la transparencia, la legalidad y la rendición de cuentas, empezando por quienes tienen la responsabilidad de impartir justicia. Solo así se podrá construir una paz duradera que no esté fundamentada en la excepción, sino en la norma.

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