La impunidad en el Estado de México es un problema grave que no parece tener una solución sencilla ni pronta.

Es una de las razones que impulsó al cambio de régimen en la entidad con la población más grande del país y que se consideraba la cuna del priísmo.

Hubo durante décadas señalamientos contra presidentes municipales y funcionarios por desvío de recursos públicos sin consecuencias legales. Solo algunos casos aislados fueron judicializados y en todos hubo razones políticas de fondo.

Mientras, vimos pasar sin pena ni gloria casos de obras públicas inconclusas o sobrevaloradas, donde los fondos desaparecen sin sanciones y falta de transparencia en la asignación de contratos o licitaciones fraudulentas.

También hubo de forma creciente denuncias públicas y abiertas sobre vínculos entre funcionarios municipales y grupos criminales, que permitieron la operación delictiva a cambio de sobornos a ojos vistos.

Además, ejemplos de uso excesivo de la fuerza pública contra ciudadanos y activistas sin sanción, mientras las desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales atribuidas a policías municipales se hicieron comunes.

En la parte del marco legal que sí existe y se aplica, muchos municipios no cumplen con la publicación de información en sus portales de transparencia, cosa que se señala, pero no se sanciona debido a un vacío legal en la materia. Reglamentaciones y mecanismos de denuncia, pero organismos sin uñas ni dientes.

La supervisión por parte del Congreso mexiquense sobre el ejercicio de recursos municipales se usa como herramienta de control político.

Según el Índice de Impunidad en México, nuestra entidad es una de las que muestra altos niveles, con un bajo porcentaje de delitos resueltos.

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del INEGI indica que más del 90% de los delitos en nuestro estado no se denuncian o no se investigan adecuadamente.

Otro ejemplo. Un estudio de la organización internacional World Justice Project del año pasado nos coloca en las últimas posiciones con Quintana Roo (0.36), Morelos (0.35) y Estado de México (0.35).

Ellos miden que en límites del poder gubernamental estamos en el lugar 27 de las 32 entidades, mientras en ausencia de corrupción en 28; en gobierno abierto en 32; en derechos fundamentales en 25; en orden y seguridad en 32; en cumplimiento regulatorio en 23; en justicia civil en 21; y en justicia penal en 31.

Así pues, Edomex se posiciona como la entidad con el índice de impunidad más alto del país, con una puntuación de 74.55, que supera la media nacional de 60.08, tristemente entre las más altas. ¿Hasta cuándo? ¿Cuál es la vía de solución? ¿La estamos buscando?

La última trinchera

Finalmente está bajo custodia de las autoridades el alcalde de Santo Tomás de los Plátanos, luego de su espectacular huida en plena toma de protesta. Él y su antecesora, con quien está casado, están ya en proceso por diversos delitos.

Ahora veremos hacia dónde continúan las acciones policiales y judiciales, porque hay mucho que indagar, por todo el estado, es cosa solo de investigar un poco.

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