Recientemente el secretario de Seguridad, Cristóbal Castañeda, inició reuniones con autoridades municipales del Estado de México, con la finalidad de encontrar vías de comunicación y colaboración.
En principio encontraron buena recepción con la idea de trabajar en conjunto, aunque algunos de oposición no acudieron al llamado. Sin embargo, pronto la mayoría de los gobiernos serán los emanados de Morena que ganaron las elecciones pasadas.
El problema es que, en buena medida, son las propias corporaciones municipales las generadoras de violencia.
La infiltración del crimen organizado en es un problema de gran alcance que ha debilitado la seguridad pública y ha llevado a que los esfuerzos del ámbito estatal durante varios sexenios no avancen.
Los cárteles y grupos delictivos suelen ofrecer sobornos a los oficiales de policía, tanto a nivel operativo como en cargos de mayor jerarquía. Esto incluye pagos regulares a cambio de “protección” o para ignorar ciertas actividades ilegales, como el narcotráfico, el robo de combustible, la extorsión y otros delitos.
Muchos policías municipales se ven obligados a colaborar con el crimen organizado debido a amenazas directas contra ellos o sus familias.
Además, estas organizaciones han influido en el reclutamiento y la selección de oficiales, asegurándose de que personas afines o leales al grupo delictivo ingresen en la fuerza policial. Esto les da un control desde dentro, lo cual les permite obtener información y facilitar sus operaciones o, de plano, que trabajen para ellos del todo y participen en sus actividades.
Incluso, algunos de ellos han conseguido conformarse como grupos criminales independientes de los cárteles, que obligan mediante amenazas y agresiones a los propios alcaldes a mirar hacia otro lado.
Bajo el argumento del principio del municipio libre, aprovechan la impunidad y se coluden para tener aterrorizadas a las comunidades.
En algunos municipios, especialmente en aquellos con menos recursos o en zonas con presencia importante de grupos delictivos, la policía municipal prácticamente responde a los intereses del crimen organizado, que ejerce un poder paralelo al de las autoridades gubernamentales.
Hay muchas aristas complicadas y peligrosas que han crecido hasta hoy y que están fuera de control. Con el cambio de régimen, éste es un buen momento para recomponer el camino.
Hace falta una intervención de fondo y decidida, que permita a las nuevas autoridades municipales ejercer la autoridad sin cortapisas. Eso es lo que los ciudadanos exigen, vivir en paz, es parte de la razón del cambio de régimen.
La última trinchera
El gobierno federal ya casi retiró todo el apoyo de la zona afectada por las inundaciones en Chalco, pero el estatal sigue al pie del cañón.
Ya los albergues fueron retirados y los vecinos tratan de volver a la normalidad. Algunos están en la limpieza y rehabilitación de sus casas, mientras otros se fueron a vivir a otros lugares mientras avanzan. Hay algunos apoyos como créditos para comerciantes y siguen los módulos de salud, pero en definitiva los vecinos esperan que ocurra algo más para tener una solución definitiva.
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