Este año, en el Estado de México, varios presidentes municipales han sido detenidos, se encuentran prófugos o están bajo investigación debido a presuntos vínculos con actividades delictivas.

El caso reciente más sonado es el de Santo Tomás de los Plátanos, donde Pedro Luis Hernández, el alcalde electo que huyó durante su toma de protesta el 17 de diciembre, cuando las autoridades intentaron detenerlo por presuntos nexos con el crimen organizado. A pesar de los esfuerzos policiales, logró escapar y actualmente se encuentra prófugo.

Nadie entiende aún cómo escapó, cuando la fiscalía, que estaba a cargo del operativo para su detención, en el que participaron sus agentes, policías estatales y elementos de la guardia nacional. El caso es que fue uno de los golpes más duros a la institucionalidad del Estado de México.

Por desgracia no es el único, hemos tenido un golpe de realidad en los meses recientes que nos ha dado muestra de en qué estado estamos.

Otro ejemplo. María del Rosario Matías: Esposa de Pedro Luis Hernández y presidenta municipal en funciones, también está prófuga, con acusaciones similares. Es decir, no sólo se pasan el poder entre cónyuges, sino que la batuta del narco también.Hay más casos, que ya se han discutido en este mismo espacio, pero igual de vergonzosos que Santo Tomás.

Al final, estas detenciones forman parte de la “Operación Enjambre”, operativo conjunto de fuerzas estatales y federales que busca combatir la corrupción y los vínculos entre funcionarios públicos y el crimen organizado en la región.

Sin embargo, la realidad es que el involucramiento de autoridades municipales con grupos de delincuencia organizada en el Estado de México es un tema añejo, recurrente y complejo, que refleja la infiltración de criminales.

Este fenómeno, justamente por no ser reciente, se ha diversificado en las modalidades de participación en actividades ilegales.

Algunos presidentes municipales, regidores o funcionarios de seguridad pública brindan protección a organizaciones criminales a cambio de sobornos o beneficios políticos.

Obviamente, los casos de extorsión institucional son el pan nuestro de cada día.

Esa fue una evolución obvia de la infiltración del crimen en las autoridades municipales. Estos grupos financian campañas políticas a cambio de influencia en las decisiones municipales o de la asignación de contratos públicos.

Ante este panorama, el pagano es el ciudadano común, al que le toca vivir en municipios con autoridades coludidas que presentan mayores índices de homicidios, secuestros y extorsión, ya que los grupos criminales operan sin restricciones.

Así, ya estamos con historias de desplazamiento forzado, en los que la violencia asociada a estas dinámicas obliga a muchas familias a abandonar sus hogares, especialmente en municipios rurales.

Tenemos con los cambios de administraciones la oportunidad ideal para reiniciar las relaciones entre el poder y los malvivientes, que quede claro que no se debe normalizar la presencia de grupos criminales y mucho menos cederles espacio de gobierno.

La otra trinchera

Sin mayores sobresaltos ocurrió la aprobación del presupuesto del gobierno mexiquense para el año 2025.

Es claro que el poderío de Morena podrá imponer su voluntad sin mayores sobresaltos, al menos en esta bancada, pero al menos esperaríamos que la oposición dijera “esta boca es mía”.

Claramente, el partido de la gobernadora tiene carta abierta en todos los temas, y el presupuestal, no será la excepción. Sin embargo, eso también implica una enorme responsabilidad, porque si fallan, no pueden culpar a nadie más.

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