Dice el viejo adagio “A río revuelto ganancia de pescadores” y eso pasó el pasado fin de semana con el “Operativo Atarraya” que tenía por objetivo detectar centros de consumo clandestino, venta de alcohol a menores u otras sustancias prohibidas, ligas delincuenciales entre otras monerías, pero que, ante la tentación para algunas autoridades se convirtió en una oportunidad difícil de dejar escapar.

Y es que la acción de las autoridades en materia de seguridad y justicia además de ser un espectáculo en sí tuvo varios puntos que llamaron la atención. El primero es que no tuvo igual efecto en los 26 municipios donde se desarrolló, algunos de los “corredores rojos” que a vista de todos son centros de consumo dudosos y que operan desde hace años, “por coincidencia” permanecieron cerrados el fin de semana, no pensemos mal, seguro estaban haciendo su contabilidad para el pago legal de aguinaldos de esta semana o preparando las celebraciones navideñas.

El segundo tema y que es el que en realidad nos ocupa, es que no solo se cerraron antros, chelerías, tugurios y bares, entre los 145 establecimientos visitados y clausurados se aprovechó para dejarse ir contra lugares que ni alcohol venden, pero que han solicitado ampliar sus horarios de atención en un nuevo modelo de negocio para llevar, ¿de qué hablamos? De espacios de venta de alimentos, si, así como lo lee, restaurantes de venta de hamburguesas con sus terroríficas áreas infantiles y su peligrosísimo cafecito para llevar también fueron clausurados dentro de la operación militar.

Al mero estilo del indito “primero mato y luego viriguo”, el operativo también se usó por áreas de Desarrollo Económico Municipales del Valle de Toluca para aplicar el “cierro y luego vemos que procede”, aplicando el desconocimiento de los procedimientos, permisos solicitados previamente, documentación de respaldo y disposiciones del Código Financiero, tal es el caso de Metepec en donde pedir ayuda al área en cuestión trae los mismos efectos que pedirle a una vaca que vuele.

Hagamos una aclaración, desde el sector privado no estamos en contra de las acciones que busquen la legalidad, seguridad y ante todo el cuidado de la salud de la población, respaldamos el Operativo Atarraya y estamos convencidos de que sus resultados son trascendentes y necesarios, lo que no cae tan bien es que se aproveche el viaje para ver qué más cae en el proceso.

Desde la iniciativa privada y con el respaldo estatal desde hace meses hemos trabajado por un esquema regulatorio donde abrir empresas sea sencillo, productivo y genere bienestar, hemos avanzado en procedimientos y generado una plataforma de acción que nos haga más competitivos, se trata de generar negocio que se convierta en fuentes de empleo y en certeza jurídica para todos.

Es por eso que cala tanto darse cuenta de que se puede arrastrar mucho el lápiz y generar acuerdos de buena voluntad, pero al final, una noche de decisiones curiosas te puede regresar a la realidad de que del dicho al hecho hay un largo y empedrado camino.

Nos leemos la siguiente.

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