El inicio de un año trae siempre consigo oportunidades de cambio, de rectificar decisiones y procesos y de restablecer aquello que no ha funcionado a lo largo del tiempo para abrir la mente a nuevas oportunidades.
Para el Estado de México a este inicio de 2025, se suma además a la renovación de las 125 presidencias municipales, que hoy se establecen como 125 realidades distintas para la creación y apertura de nuevos negocios, y en consecuencia de la generación de empleos.
Con más de 750 mil unidades económicas y una población que sumada a la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), concentra más de 22 millones de habitantes, los retos y oportunidades en materia económica son más que desafiantes.
Se trata de generar negocios, movilidad, servicios, seguridad y empleo para una concentración poblacional muy grande, pero también de aprovechar las posibilidades de talento, ideas y proyectos que alberga cada persona.
Hoy, la coyuntura política que se vive en muchos de los municipios y la visión compartida que se tiene entre la administración Federal y Estatal se establecen como una oportunidad que no puede dejarse atrás, es decir, si la carreta, el jinete y el caballo tiran en el mismo sentido la velocidad debería ser mucho mayor.
En este punto quiero referirme a una decisión no solo necesaria, sino apremiante… Me refiero a la homologación de criterios para la apertura de nuevos negocios, la creación de un “Catálogo General de Unidades Económicas” y en general a establecer reglas claras y únicas para este efecto, es decir, dejar de navegar con banderas individuales, dejar atrás la creatividad municipal y entender que lo más simple es también lo que deja menos lugar a la interpretación y la corrupción.
Esta no es una petición nueva, desde el sector privado, tenemos años pidiendo la creación de un catálogo con estas características, en donde se determinen los giros aprobados para todo el Estado, en cualquier rincón y en cualquier municipio; todos con el mismo nombre y obligaciones, todos con los mismos requisitos para su apertura y los tiempos de resolución y que esté alineado al catálogo que marca el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Esto no solo sentaría un precedente a nivel nacional en materia de Mejora Regulatoria sino que enviaría un mensaje de certidumbre y apoyo a la inversión y podría al Estado de México como lo que ha sido siempre, un referente a nivel nacional y una entidad a la vanguardia.
El impacto además sería en muchas vertientes, cabe recordar que de acuerdo con el último reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, los trámites relacionados con la apertura de una empresa figuraron entre los que tuvieron mayores actos de corrupción, sólo después de lo relacionado a la seguridad pública.
En México, el costo de la corrupción, al último año se estima en más de 500 mil millones de pesos, lo que significa el 5% del Producto Interno Bruto, y lo que genera un impacto devastador entre la sociedad y las oportunidades de nuevos negocios… Esta situación puede ser limitada si se tienen reglas claras de operación para las empresas y se brindan mensajes de certeza jurídica para inversionistas locales y extranjeros.
El inicio de un nuevo año es una oportunidad de cambiar aquello que en el pasado no ha resultado y qué mejor que tomarla a través de oportunidades de empleo y negocios para todos los mexicanos.
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