En el Estado de México la reforma judicial ha sido avalada por 100 de los 125 ayuntamientos y, tras declararse su aprobación en la Diputación Permanente, fue publicada y ya entró en vigor.

El Congreso local aprobó la reforma en diciembre y reformó 32 artículos de la Constitución del Estado de México, con cambios muy importantes, como la desaparición del Consejo de la Judicatura, un órgano que no sancionó a nadie no corrigió abusos, ni errores, ni erradicó la corrupción de juzgadores, e incluso los protegió.

El magistrado Ricardo Sodi Cuéllar -quien terminó su gestión el 7 de enero como presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y del Consejo de la Judicatura-, se caracterizó por la frivolidad, por participar activamente en combatir la reforma al Poder Judicial Federal.

Tenemos un Poder Judicial oneroso, magistradas y magistrados con sueldos superiores al de la presidenta de la República Claudia Sheinbaum, haciendo uso discrecional de los recursos públicos y con una frivolidad sin precedentes, como el caso de Sodi Cuellar, quien dejó plasmado en un mural del edificio judicial un rostro muy parecido al de su hija.

De 34 mil personas privadas de su libertad en las 22 prisiones del Estado de México se presume que el 50% son inocentes, pero se les fabricaron delitos y esa institución decidió vincularlos a proceso, o condenarlos; por lo cual los reclusorios están plagados de gente inocente y los verdaderos delincuentes, muchos de cuello blanco, siguen en libertad.

Con la promulgación de la reforma al Poder Judicial discutiremos en el Congreso, a más tardar en febrero, las reformas a las leyes secundarias.

Tendremos que adecuar el Código Electoral, la Ley Orgánica del Poder Judicial, crear una nueva Ley que fortalezca la escuela judicial y aspirar a la consolidación de lo sustantivo de esta reforma, es decir, que la ciudadanía elija el primer domingo de junio de 2025 y en julio de 2027, en elección ordinaria, a magistradas y magistrados, juezas y jueces.

Por más de 90 años en el Estado de México los presidentes de ese poder fueron sugeridos por el gobernador en turno y obedecían a una agenda estrictamente política, subordinada al Ejecutivo.

Esto los alejó de la verdadera justicia; por ello es justificada la desaparición del Consejo de la Judicatura y la creación del Tribunal de Disciplina Judicial que aspira a sancionar a personas servidoras públicas del Poder Judicial que se separen de la legalidad.

Para la elección de juezas, jueces, magistradas y magistrados se conformarán Comités de Evaluación integrados por cinco personas, quienes revisarán y evaluarán perfiles de las y los aspirantes.

Las y los mejor evaluados serán insaculados para seleccionar a quienes competirán en la elección, cuidando el principio de paridad.

Quien obtenga el mayor número de votos en la elección de magistraturas ocupará la presidencia por dos años, y después de 200 años esperamos que sea una mujer.

La reforma establece que nadie podrá ganar más que la titular del Poder Ejecutivo Federal, erradica el “haber de retiro” para que ninguna persona magistrada vuelva a gozar de cinco años de salarios cuando se retire; desaparecerán los fideicomisos y los fondos deberán pasar a la Secretaría de Finanzas del Gobierno estatal para programas sociales.

Además, determina una justicia expedita que obligue a una mayor cercanía de las y los juzgadores hacia los justiciables.

El primero de junio de este 2025 estamos convocados a participar en el proceso electoral.

El Poder Judicial mexiquense ya eligió al magistrado Fernando Díaz Juárez como presidente interino, quien estará al frente mientras se realiza la elección y esperamos que sea un aliado en la implementación de la reforma.

La aspiración es transformar al Poder Judicial del Estado de México y ponerlo al servicio de la sociedad.

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