La vivienda se va delineando como una de las políticas más promisorias de los gobiernos de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la gobernadora Delfina Gómez. Se trata de un derecho en el que mejor podemos ver materializados los principios y valores que sustentan el proyecto que hermanan ambas gobernantes.
Y es que el derecho a la vivienda que promueve la mandataria en coordinación con la gobernadora mexiquense apela a pasar de un modelo mercantilista a uno basado en derechos humanos y de justicia social.
Como lo ha sostenido la presidenta, por muchos años la vivienda en México fue vista como mercancía convertida en un lucrativo negocio marcado por la corrupción. La realidad es que en todo el mundo se advierten los efectos perversos de este modelo salvaje de mercantilización que, combinado con otros factores, ha desembocado en una verdadera crisis de asequibilidad de la vivienda, cuyos estragos se padecen alrededor del mundo.
A continuación, algunos datos que ilustran la necesidad de colocar a la vivienda como prioridad de política social en nuestro estado.
El Estado de México es el primer lugar nacional en número de viviendas particulares con cerca de 4.6 millones de viviendas particulares habitadas. 75 por ciento disponen de agua entubada dentro de la vivienda, 99.6 por ciento cuentan con energía eléctrica y 86.5 por ciento tienen drenaje conectado a la red pública.
Sin embargo, únicamente 27 por ciento superan los 55 metros cuadrados, 38 por ciento presenta algún problema de humedad o filtraciones de agua y 39 por ciento tiene alguna fractura o grieta en su estructura.
La Encuesta Nacional de Vivienda (ENVI 2020) menciona que en el Estado de México, 61 por ciento de las viviendas particulares son rentadas debido a que sus habitantes no tienen acceso a créditos hipotecarios o no tiene recursos propios para adquirir o construir su propia casa.
El 75 por ciento de las viviendas propias habitadas en el Estado de México fue financiada o está siendo pagada a través de créditos de INFONAVIT.
En promedio, una ampliación en la vivienda tiene un costo de 48 mil pesos, una remodelación o rehabilitación estructural tiene un precio entre los 18 y 26 mil pesos, mientras que una reparación menor puede costar hasta 7 mil pesos.
Ante este estado de cosas, la población mexiquense en condición de pobreza y/o carencia por calidad y espacios de vivienda, o carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda, puede tener acceso al programa federal “Vivienda para el Bienestar”, con el cual reciben alguno de los siguientes apoyos: Biodigestor, Calentador solar, Captador pluvial, Panel Solar, Tinaco, Material de construcción.
Recientemente, la gobernadora Delfina Gómez firmó un convenio de colaboración con la Secretaría de Desarrollo Territorial (SEDATU), para la construcción de 71 mil viviendas de bajo costo a cargo de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) y el INFONAVIT.
En una primera etapa (2025) se llevará a cabo el mejoramiento de 100 mil viviendas en el oriente del Estado de México y la regularización de 120 mil escrituras, asimismo, se construirán 7,800 hogares (6 mil a cargo del Infonavit y mil 800 por la CONAVI).
El programa para la zona oriente del Estado de México es una inversión aproximada de 39 mil millones de pesos, que tiene como objetivo resolver el problema del agua, drenaje, bacheo, transporte público y espacios públicos para la zona del oriente de la entidad.
Se trata de una inversión de recursos públicos y de un proyecto integral en torno al derecho a la vivienda sin precedentes en el Estado de México. Su potencial a largo plazo no solo se agota en el ejercicio a favor de los derechos humanos de las personas más vulnerables, que ya en sí es un fin importante, sino que tiene el potencial de restituir el tejido social y traer paz social.
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