Los operativos Atarraya y Enjambre implementados en el Estado de México han resonado en la opinión pública en las últimas semanas, en particular, acerca de su alcance para fortalecer la gobernabilidad del territorio mexiquense.

Según la Real Academia Española, “atarraya” es una red redonda para pescar, en tanto que “enjambre” se refiere a una multitud de personas o animales juntos. Con tan singulares nombres, autoridades federales y estatales han querido señalar a estos operativos de seguridad que comparten, en lo fundamental, la coordinación interinstitucional entre autoridades de diversas instituciones.

Así, ambos operativos apuestan a la coordinación entre instancias como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad del Estado de México, el Poder Judicial del Estado de México y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

Mientras que el Operativo Atarraya persigue desarticular bares y centros cheleros involucrados en delitos de venta de drogas y extorsión, el Operativo Enjambre apunta a detener a funcionarios públicos del orden municipal, por delitos relacionados con el crimen organizado.

Al final del día, puede sostenerse que ambas estrategias de seguridad apuntan a desarmar gradualmente aquellos ecosistemas que facilitan actos ilícitos, incluyendo a tomadores de decisión en el ámbito público, como son las y los alcaldes.

Desde tal enfoque, el 22 de noviembre, autoridades cumplimentaron órdenes de aprehensión en contra de presidentes municipales, directores de seguridad pública y otros funcionarios públicos del ámbito municipal. Amanalco, Coacalco, Chicoloapan, Ixtapaluca, Jilotzingo, Naucalpan, Santo Tomás, Tejupilco, Texcaltitlán y Tonatico fueron escenario del Operativo Enjambre que, de manera notoria, debilita redes de apoyo a organizaciones criminales con la captura de funcionarios que usan el aparato estatal con fines ilícitos.

Por su parte, las acciones realizadas el 13 de diciembre se desplegaron en 27 municipios, siendo Naucalpan, Nezahualcóyotl y Toluca las que representaron el mayor número de cateos e inspecciones a bares y centros cheleros, estos últimos relacionados a delitos como trata de personas, extorsión y venta de drogas.

A la fecha, puede sostenerse que el balance de “Atarraya” y “Enjambre” es alentador, si bien son apenas acciones iniciales de lo que podría convertirse en una estrategia integral basada en acciones coordinadas entre autoridades estatales y federales en contra del crimen organizado.

Es precisamente el tema de coordinación donde reside el potencial de tales operativos, pues ello implica el intercambio de inteligencia que permita atacar redes delincuenciales de manera más efectiva.

El Operativo Enjambre destaca por ir en contra de autoridades municipales con una orden de aprehensión de por medio. Esto tiene un doble efecto: por un lado, apunta a desarticular redes delictivas desde el poder público, por el otro, tiene un efecto positivo respecto al combate de la impunidad, pues se persigue que la inteligencia en datos e investigaciones se traduzcan en procesos judiciales robustos.

Es por ello que debemos estar pendientes de la captura del presidente municipal electo en Santo Tomás de los Plátanos, Pedro Luis Hernández de Paz, así como de su esposa María del Rosario Esquivel Matías, alcaldesa saliente, ambos acusados por sus nexos con la Familia Michoacana. Ellos son el ejemplo claro de la infiltración del crimen organizado en la estructura de gobierno municipal y la importancia en su captura radica en la necesidad de terminar de tajo con la complicidad entre servidores públicos y grupos criminales.

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