A nivel mundial, países como Uruguay, Francia, Italia, España, Estados Unidos, Canadá, Rumania, entre otros, han demostrado que la despenalización del aborto acompañada de políticas públicas efectivas disminuye los abortos clandestinos y las complicaciones de salud. En México, 19 entidades han despenalizado el aborto, representando un avance del 60% en el país. Sin embargo, en México las estadísticas de mortalidad materna de 2016 a 2021 indican que han muerto un total de 5 mil 99 mujeres por causas prevenibles relacionadas con el embarazo, parto y puerperio; en cuanto a la violencia sexual, del total de mujeres de 15 años y más 49.7 %, lo cual refleja una realidad que exige acción inmediata. No basta solo con descriminalizar, sino que se debe garantizar el acceso total a la interrupción legal a través de un cambio estructural e interinstitucional.
En el Estado de México, donde casi cuatro millones de mujeres viven en pobreza, esta despenalización no es el final de la lucha por la justicia reproductiva, sino el inicio de un proceso legislativo que garantice el pleno ejercicio del derecho a decidir. Dicho avance debe incluir la armonización del marco jurídico, abordando los códigos penal, civil y administrativo, además de impactar en ámbitos educativos y de prevención, asegurando una interrupción legal del embarazo accesible, segura y digna.
La regulación administrativa debe establecer procedimientos claros, capacitar al personal médico, garantizar la gratuidad del servicio en hospitales públicos, y sancionar la negativa a ofrecerlo por motivos ideológicos; además, deben diseñarse estrategias para que mujeres de comunidades marginadas, rurales e indígenas accedan a estos servicios, incluyendo transporte gratuito y personal capacitado en lenguas originarias; fomentando una interseccionalidad completa, donde todas las mujeres en su diversidad se encuentren representadas.
En el ámbito civil, es necesario eliminar contradicciones legales, como definiciones sobre la persona, que puedan obstaculizar el derecho a la interrupción.
El fortalecimiento educativo es clave para prevenir embarazos no deseados, enseñando derechos sexuales y reproductivos sin prejuicios, con un lenguaje que proteja la autonomía reproductiva como un derecho humano fundamental ligado a la dignidad y la libertad de las mujeres. Asimismo, las reformas deben reflejarse en los municipios a través de bandos que promuevan la salud reproductiva y sensibilicen a la comunidad para combatir los estigmas sociales en torno al aborto.
La despenalización del aborto es un triunfo innegable para los derechos de las mujeres en el Estado de México. Hoy celebramos un paso hacia la igualdad, pero la lucha continúa. Nos corresponde garantizar que las generaciones futuras vivan en un estado que respete y proteja su autonomía. Porque el derecho a decidir es el derecho a vivir libres y plenas.
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