Hoy, las mujeres y niñas de México demandamos una protección real, efectiva y legal que nos garantice una vida libre de violencia y la igualdad en todos los aspectos de la vida pública y privada. La reciente reforma constitucional, que modifica los artículos 4, 21, 41, 73, 116, 122 y 123, representa un hito en la lucha por los derechos de las mujeres, ya que no solo modifica la ley, sino que también desafía la mentalidad y las estructuras sociales que perpetúan la violencia y la discriminación. Esta reforma es, sin duda, un paso hacia la construcción de un México más justo, donde las mujeres seamos reconocidas como iguales ante la ley, ejerciendo plenamente nuestros derechos sin miedo.
Reconocer la importancia histórica de esta reforma es vital. La doctora Claudia Sheinbaum, al ser la primera mujer presidenta del país, ha dejado claro su compromiso con la igualdad de género y la erradicación de la violencia, al incorporar en la Constitución el derecho de las mujeres y niñas a vivir libres de violencia, el Estado mexicano asume una responsabilidad histórica.
Según el INEGI, más del 70% de las mujeres hemos sufrido violencia a lo largo de la vida, una cifra alarmante que necesita ser enfrentada desde sus raíces estructurales. Esta reforma refuerza la protección de las mujeres, otorgando al Estado deberes reforzados en su función de seguridad pública, e introduciendo la perspectiva de género en las instituciones encargadas de procurar justicia.
La autonomía económica de las mujeres es un factor central para prevenir o salir de círculos de violencia, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) establece que en México el 29% de las mujeres de 15 años y más no reciben un ingreso propio, en contraste con 8% de los hombres, es decir, casi cuatro veces más mujeres mexicanas que hombres carecen de autonomía económica; por ello, destaca el establecimiento de la obligación de garantizar la igualdad salarial y de erradicar la brecha salarial, un desafío que, aunque presente, es ahora una prioridad en la agenda nacional.
La reforma no solo es una victoria legal, sino también social, al establecer los mecanismos claros para la implementación de medidas concretas que favorezcan la igualdad y la justicia. Sin embargo, para que este cambio se materialice, es fundamental que todas las personas actoras políticas y sociales se comprometan a garantizar su cumplimiento.
En palabras de Angela Davis, activista política conocida por su trabajo en el movimiento feminista y su lucha por la igualdad de género y la justicia social, las mujeres “no estamos aceptando las cosas que no podemos cambiar, estamos cambiando las cosas que no podemos aceptar”; por ello, esta reforma es solo el comienzo de una lucha que no cesará hasta que las mujeres y niñas de México vivamos libres, iguales y plenas en todos los ámbitos de la sociedad.
No es solo un cambio legal, es un mandato social que exige la construcción de un México verdaderamente justo para todas.
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