En 2023 la Suprema Corte de Justicia despenalizó el aborto en todo el país y declaró inconstitucional su prohibición en el Código Penal, obligando a las instituciones de salud federales a ofrecer el servicio. Lo anterior, resultado de una estrategia jurídica de organizaciones de la sociedad civil, colectivos feministas y de derechos humanos que buscan la justicia reproductiva; siendo el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), la más representativa.
Mundialmente, 6 de cada 10 embarazos no deseados son interrumpidos. Con este dato se ha reconocido que el aborto es un tema de salud pública, así como un derecho humano que atañe directamente a la autonomía física de las mujeres, quienes deben tener la libertad de decidir sobre sus propios cuerpos. De 2007 a 2024, la Ciudad de México registró un total de 277,268 interrupciones legales del embarazo, de las cuales 77,160 corresponden a mujeres residentes del Estado de México. Diversas colectivas han documentado que aproximadamente el 10% de las muertes maternas en el país son consecuencia de procedimientos abortivos clandestinos, y que el 36% de estos casos presentan complicaciones que requieren tratamiento médico.
En los congresos locales, 15 estados en México han legislado la interrupción del embarazo como una decisión voluntaria de la mujer o persona gestante; siendo Michoacán el último.
Estudios de GIRE y de la Secretaría de Salud capitalina, datan al grupo etario que solicita la interrupción: 3 de cada 4 son menores de 29 años; 1 de cada 4 suele ser adolescente; la mayoría tienen estudios de educación básica; las de educación superior solo representan un 10%; 6 de cada 10 pertenecen a un estrato económico desfavorecido, y en las zonas marginadas incrementan los abortos clandestinos.
En el Estado de México cerca de 4 millones de mujeres viven en pobreza, la carencia de acceso a los servicios de salud se agrava en trabajadoras del hogar, campesinas y comerciantes informales. De acuerdo a estudios del INEGI el 41.8% de las mujeres, manifestó sufrir una situación de violencia sexual antes de los 15 años.
En la LXI Legislatura, se presentaron tres iniciativas para despenalizar el aborto; se requieren 38 votos, es decir, mayoría simple; considerando el 100% de asambleístas presentes. El bloque mayoritario de izquierda cuenta con 54; y quienes, por independencia, o en congruencia a principios partidistas -con antecedentes de votaciones-, salvaguardan el acceso pleno a derechos humanos; se aseguran 61 votos a favor, de 75.
La legislatura mexiquense se instaló en 1824. Doscientos años después, la LXII Legislatura ¡por primera vez se integra por 38 mujeres y 37 hombres! pero la responsabilidad jurídica de legislar con perspectiva de género, justicia social y derechos humanos es de todas, todos y todes. La voluntad política tendrá que trascender las creencias, los prejuicios y romper con compromisos sectarios. Los hombres deben dar ejemplo de la obligación de legislar sin estigmas ni prejuicios; y las mujeres, asumir que ser la mayoría implica legislar con compromiso feminista; quitarle al Congreso las vallas.
El momento histórico de tener una mujer Presidenta y también una Gobernadora debe plasmarse en una legislación donde todas tengamos derecho a servicios de salud seguros, dignos y libres de discriminación. Abrazar la consigna de que el Estado de México es un estado de derechos, que no expone ni discrimina a las mujeres, que se garantiza la autonomía física de quienes no eran consideradas dueñas de sus cuerpos.
¡Ni presa por abortar, ni muerta por intentar; la maternidad será deseada,o no será!
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