Nos acercamos a un momento crítico en nuestro estado. El próximo 25 de noviembre no solo conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, sino que en la Legislatura local se presentará una serie de iniciativas en materia de despenalización del aborto e interrupción legal del embarazo por parte de diversos partidos políticos. Un tema urgente de derechos humanos y de salud pública, que ha sido pospuesto por otras legislaturas en reiteradas ocasiones.

En días recientes, diversos liderazgos sociales y políticos se han pronunciado no solo por eliminar el delito de aborto del Código Penal del Estado de México, sino por incluir otras disposiciones normativas en materia de educación y acceso de las mujeres a la salud con servicios integrales como asistencia psicológica. En el fondo el argumento es claro: las mujeres mexiquenses deben tener garantizado su derecho a decidir sobre su propio cuerpo y, con ello, su derecho a interrumpir de manera informada, libre y voluntaria un embarazo dentro de las primeras semanas de gestación.

Sin embargo, aunque la discusión pública tendría que centrarse en cómo garantizar este derecho para las mujeres de manera presupuestal e institucional, persisten argumentos desfasados o abiertamente imprecisos respecto a la interrupción del embarazo. En este tema en particular, se olvida frecuentemente que nos encontramos en un Estado laico, en donde todas las creencias religiosas deben ser respetadas en el ámbito personal, pero que ninguna de estas puede erigirse para regir la conducta de las demás personas ni, mucho menos, restringir sus derechos bajo ningún argumento.

Es pertinente también recordar que, desde septiembre de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que criminalizar a las mujeres que interrumpen el embarazo es contrario a la Constitución Mexicana. Aquel fallo histórico, fundamentado en la obligación del Estado de proteger los derechos humanos, establece que el acceso a servicios de aborto seguro y legal debe ser garantizado por las instituciones de salud pública, algo que por desgracia todavía no sucede en la realidad mexiquense. De acuerdo con un reporte de la organización Human Rights Watch, muchas veces las mujeres que deciden interrumpir su embarazo se enfrentan a la discriminación, malos tratos o simplemente a la negativa por parte del personal médico.

No podemos continuar, en pleno siglo XXI, con este panorama para las mujeres mexiquenses. El Estado de México está a las puertas de avanzar hacia la despenalización plena de la interrupción del embarazo, en perfecto cumplimiento de nuestra Carta Magna y en acatamiento a los instrumentos internacionales suscritos por el Estado Mexicano. En ese sentido, merece reconocimiento la voluntad política mostrada por las diversas fuerzas políticas para abordar uno de los pendientes históricos de nuestro estado y, sobre todo, para saldar una deuda con los derechos de las mujeres.

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