La propuesta de desaparición del INAI ha generado un intenso debate en el congreso y la opinión pública. Me enfocaré en hablar del INAI, ya que he estudiado el tema desde hace 20 años. Expongo mis razones del por qué pienso que es justificada su desaparición, aunque vaya en contra del discurso de los partidos que lo crearon y la burocracia que alimentó las últimas dos décadas.

Comenzaré diciendo que el INAI no ha logrado cumplir su misión. Es un órgano creado para luchar contra la corrupción usando la transparencia y el gobierno abierto como herramientas para exponer, neutralizar o eliminar este cáncer. No lo ha logrado. Según cualquier índice internacional la corrupción en México ha crecido.

El INAI nace como un órgano que garantizaría el acceso a la información y la protección de los datos personales. Tampoco tuvo éxito en ninguna de las dos cosas. Los mexicanos seguimos sufriendo la escasez de información pública a pesar de las solicitudes (burocracia digital creada por el INAI). La mayoría de ellas son rechazadas por procedimiento, porque el lenguaje ciudadano difiere al de los burócratas, etc. Los datos gubernamentales siguen secuestrados. Le invito que consulte cualquier portal gubernamental e intente responder estas preguntas: 1. ¿En qué barrio o colonia se cometieron más delitos la semana pasada?. 2. ¿Cuál es la mejor escuela pública, del nivel que guste, de su ciudad? 3. ¿Cuánto dinero público se ha gastado y existe al día de ayer?

El INAI también ha fracasado en la protección de datos personales. No lo hizo cuando los periodistas que cubrían “la mañanera" fueron expuestos públicamente en redes. Tampoco cuando la presidencia reveló datos personales de periodistas extranjeros. Mucho menos cuando se robaron 12 millones de registros de datos personales del portal del empleo, o cuando se robaron los datos de 830 mil servidores públicos de la Secretaría de la función pública en el 2020, o cuando Guacamaya Leaks robó 1.2 terabytes de datos del ejército. ¿Dónde estaba el INAI para cuidar y proteger los datos gubernamentales y de los ciudadanos?

Le doy otra razón más. En los 20 años que llevamos impulsando el gobierno abierto y la transparencia, no se han hecho esfuerzos para mejorar los datos gubernamentales, hacerlos más accesibles, menos burocráticos y más cercanos a los ciudadanos. Mucho menos ha existido la rendición de cuentas, aspecto crucial para que funcione la transparencia al castigar y exponer públicamente a funcionarios u organismos que incumplan la Ley de Transparencia. No ha habido ninguna sanción significativa, ni un solo funcionario sancionado ejemplarmente en dos décadas. Ha habido regaños (amonestaciones), complicidad y ocultamiento, pero no sanciones.

En conclusión, podría enumerar más razones para justificar por qué el INAI y su presupuesto de 2,265 millones de pesos deben desaparecer para dar paso a otra forma de hacer más accesible la información gubernamental; más útil para combatir la corrupción con datos, que sea más eficiente, menos discursiva y más barata.

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