Estamos tan acostumbrados y familiarizados con nuestro entorno cotidiano que únicamente ponemos interés a aquello que tiene que ver con el consumo básico de bienes y servicios que impactan directamente nuestra economía y actividad social, pasando por alto lo que regula nuestra convivencia social día a día.
Poca atención ponemos a la organización de los gobiernos municipales, estatales o federal, de las cámaras legislativas, del Poder Judicial, en suma, al funcionamiento de las instituciones públicas, vitales para el desarrollo de una sociedad con un relativo orden, armonía y paz social.
No nos hemos puesto a pensar cómo sería nuestra convivencia sin instituciones por ejemplo, aquellas que se encargan de servicios como la salud, o de la prevención sanitaria, las que aplican vacunas, las que se encargan de las campañas de concientización para prevenir enfermedades crónicas como el cáncer, la obesidad, la hipertensión, la diabetes que hoy día aquejan a un sector importante de la población, o bien la ausencia de clínicas, hospitales y centros de salud de carácter público para la atención de los enfermos.
Imaginemos a nuestras localidades sin servicio de alumbrado público, sin energía
eléctrica en nuestras casas, sin agua potable, sin drenaje, sin el servicio de
recolección de basura, simplemente sería el caos por todas partes.
Aunado a lo anterior pensemos nuestro país, estado y municipios sin gobiernos, sin autoridades que de manera organizada y permanente nos proporcionen un mínimo de servicios básicos dentro y fuera de nuestros hogares. O bien ¿cómo viviríamos sin un mínimo de leyes o reglamentos que nos obligan al orden, el respeto y cierta armonía? Tendríamos un régimen político muy diferente al actual y seríamos rehenes de grupos de poder de toda índole.
La creación de instituciones con normativas generales y particulares, con mínimos de regulación, han servido para que la sociedad aún con sus distintos intereses, en pluriculturalidad y en distintos momentos históricos pueda convivir, regularse y administrarse.
Una de las instituciones creadas para dar orden, credibilidad y certeza a la disputa por el poder político son los organismos electorales federales y estatales cuya principal tarea es la organización de elecciones; sin embargo, la praxis de un proceso electoral también pasa por la discusión y el acuerdo de leyes, reglamentos y procedimientos, que den ese orden a cada una de las etapas, a cada uno de los pasos que implica organizar una elección. Es justamente a esos momentos en que se privilegian los intereses de una sociedad por encima de los intereses de grupo y en diálogo franco se construyen acuerdos, se generan esperanzas; a todo lo anterior lo he llamado la imperfecta paz electoral.
Esa imperfecta paz electoral es una herramienta que nos permite acordar pacíficamente, mecanismos procedimentales que se deben agotar para que tengamos como productos finales instalación de casillas, conteo de los votos y autoridades e instituciones de gobierno que nos garanticen la dotación de aquellos mínimos servicios indispensables.
En síntesis, en lo simple de la satisfacción de nuestras necesidades básicas, subyace la complejidad de una sociedad cada vez más diversa, más plural, más demandante, lo que implica necesariamente que las instituciones públicas deben ser más eficientes para atender dichas demandas. De ahí que el fortalecimiento de las instituciones sea una tarea permanente y cambiante que pasa por una buena planeación y ejecución de lo programado, pero teniendo como centralidad la complejidad y diversidad social.
