¿Sabías que en el Estado de México el dinero público podría dejar de ser una promesa electoral para convertirse en una herramienta en manos de la gente? Como legisladora, presento una iniciativa histórica: reservar por ley el 3.5% del presupuesto municipal para que sean los vecinos, a través de consultas transparentes, quienes decidan en qué obras o servicios invertirlo. No es un experimento: es un derecho que combate la opacidad y acerca la democracia a las colonias, pueblos y barrios.
La propuesta nace de una realidad innegable: en muchos municipios mexiquenses los recursos públicos se diluyen en gastos administrativos o proyectos que no reflejan las urgencias de la población. ¿Cómo cambiarlo? Asignando el 3.5 por ciento de manera obligatoria a un fondo comunitario gestionado por la ciudadanía. Este porcentaje, respaldado por organismos internacionales como ONU-Hábitat, permitiría financiar desde pozos de agua en zonas marginadas hasta guarderías en polígonos industriales.
El mecanismo es simple, pero revolucionario: cada año, el IEEM organizará asambleas en colonias y comunidades originarias. Ahí, los ciudadanos presentarán proyectos (con presupuesto y alcance definido) y votarán por los prioritarios. ¿Y si un alcalde intenta manipular el proceso? El Tribunal Electoral del Edomex actuará como garante, con sanciones claras para quienes desvíen estos recursos.
A los críticos que insisten en que “los ciudadanos no saben administrar”, les recuerdo: en Medellín, Colombia, el presupuesto participativo redujo la violencia en un 40 por ciento al priorizar espacios deportivos y educativos. En el Edomex, el 3.5 por ciento podría ser la diferencia entre un parque abandonado y un centro de desarrollo para mujeres, entre una calle oscura y una bien iluminada que salve vidas.
Hoy exhorto a los gobiernos municipales: permitan la participación. Y a la ciudadanía: exijan esta ley. El 3.5 por ciento no es un regalo: es la restitución de un poder que siempre debió ser suyo.
En un estado marcado por la desigualdad, entregar el 3.5 por ciento del presupuesto a la gente no es sólo un acto de justicia: es un paso hacia la paz social. Cuando las comunidades ven que sus decisiones se materializan en obras, renace la confianza en la política. Esta es la Cuarta Transformación en acción: dinero público que se ve, se toca y se construye entre todos.
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