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Chalco, Méx. Propietarios y empleados de barberías y estéticas de Chalco que fueron cerradas el viernes por funcionarios federales y estatales, dentro del Operativo Atarraya, levantan las plumas de la caseta de la autopista México-Puebla, en su entronque con la carretera México-Cuautla, para dejar pasar libremente a los vehículos, al no dar respuesta a sus demandas los funcionarios con los que se reunieron este lunes.
Los inconformes exigieron a los funcionarios de la Fiscalía Regional de Amecameca, con los que establecieron una mesa de diálogo, la reapertura inmediata de sus locales porque afirmaron que no han cometido delito alguno, como señalan las dependencias que participaron en los cateos de hace tres días.
Al no llegar a algún acuerdo los que trabajan en esos establecimientos llegaron a la caseta de Chalco y levantaron las plumas para que los conductores no paguen peaje. Portan lonas en los que claman justicia porque los acusan de ilícitos que no han cometido.
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Expusieron que al estar cerrados los inmuebles afectan su economía porque al no estar en funcionamiento no perciben ingreso alguno.
En la reunión estuvieron representantes legales de los dueños y los servidores públicos de la fiscalía regional, a los que les requirieron que les permitan abrir sus negocios porque muchas familias dependen de esa actividad.
Además, expusieron que no hay pruebas suficientes en su contra para que les haya puesto los sellos de suspensión temporal y con la que cuentan son fabricadas por el personal que intervino en las diligencias, pues se ha documentado con videos difundidos en redes sociales que en varios de los comercios aventaron droga para culparlos de narcomenudeo.
Solicitaron que mientras continúa la investigación les permitan abrir para ofrecer el servicio a sus clientes, pero la petición fue rechazada.
Ante la negativa decidieron manifestar su malestar y decenas de ellos se apostaron en las garitas del camino de cuota y advirtieron que seguirán con su lucha para demostrar que son infundados los señalamientos de las autoridades federales y estatales.
Las instancias de esos niveles de gobierno aseguraron 312 negocios en 20 municipios mexiquenses, presuntamente, porque se llevan a cabo la comisión de diversos delitos, como la venta de droga o la planeación para cometer ilícitos o para actividades como el “halconeo”.
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