Cuautitlán Izcalli, Mex. Un juez resolvió vincular a proceso a Edith Veronica, Ana Karen, Oscar, Juan y Juan Carlos por su probable participación en delitos contra la salud y acopio de cartuchos de uso exclusivo del ejército en Cuautitlán Izcalli, al señalar que hay indicios razonables, sin especificar el plazo para el cierre de investigación complementaria y puntualizando que esto no significa que sean culpables, ya que sigue la indagatoria sobre ellos.
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Tras una audiencia que se prolongó por más de cinco horas, la autoridad judicial expuso que los datos de prueba presentados por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) fueron considerados para la decisión, explicando además que para el caso de Juan Carlos su vinculación a proceso también es por el presunto delito de disparo de arma de fuego, reclasificando el que le imputaba la FGJEM sobre homicidio en grado de tentativa.
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Además, informó a los investigados que sus respectivas defensas legales cuentan con tres días para presentar apelación sobre la vinculación a proceso y dio vista para que la Fiscalía mexiquense investigue a los agentes que participaron en el operativo del 13 de noviembre en la colonia Santa Rosa de Lima, donde el señor Juan, de 83 años de edad, argumentó que fue despojado de más de 120 mil pesos por parte de agentes de la FGJEM.
Para el caso de Ana Karen, que tiene 7 meses de embarazo, de Edith Verónica y Juan, ambos de la tercera edad, seguirán el proceso en libertad luego de fijarles una fianza y deberán presentarse de manera periódica a firmar en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Cuautitlán México.
Mientras que Oscar, quien es policía municipal de Cuautitlán Izcalli, y Juan Carlos, al que la Fiscalía mexiquense identifica con el alias de “Remington” y le relacionan al caso del bar “Bling Bling”, permanecerán en prisión preventiva justificada.
El juez Oscar Sámano Alarcón manifestó tomar en consideración los datos de prueba que presentó la Fiscalía mexiquense respecto a los delitos contra la salud, de los cuales señalaron haber encontrado en el inmueble alrededor de mil dosis de sustancias prohibidas entre cocaína, metanfetamina y marihuana. Sin embargo, el juzgador enfatizó que de los dos últimos dará vista a un juez federal con sede en Nezahualcóyotl, ya que esto sería de su competencia.
Asimismo, hizo mención de los vehículos que la FGJEM mencionó en la carpeta de investigación, entre autos y motocicletas en las que también los agentes hallaron drogas en su interior y diversos cartuchos para usarse en armas de fuego exclusivas del Ejército Nacional, Armada y Fuerza Aérea.
La defensa de los 5 detenidos argumentó al juez que no existían condiciones para que los agentes de investigación hicieran la presunta irrupción en el inmueble situado en la calle Rosa Mística de la colonia Santa Rosa de Lima, el pasado 13 de noviembre, puesto que en un video que mostraron como prueba, se observa que “el hecho no ocurrió como narraron los oficiales”, recordando que la Fiscalía mexiquense sostuvo que todo inició por una persecución en contra de un menor de edad al que le vieron un arma de fuego fajada en la cintura.
Al presentar testimonio de un perito privado en criminalística, los abogados intentaron que fuera considerado, pues este hombre explicó que la video grabación que obtuvo muestra que no hubo persecución del motociclista y que este llegó junto a la camioneta del señor Juan. Minutos después, se ve el arribo de camionetas blancas con cerca de 20 elementos de la FGJEM.
En ese sentido, la defensa de los imputados manifestó que existieron posibles inconsistencias entre lo narrado por los agentes que participaron en el operativo, tanto en el aspecto de la persecución como en el caso de los disparos que le atribuyen a Juan Carlos, cuestionando el por qué no le hicieron una prueba científica para conocer si fue él quien accionó el arma de fuego y, de igual manera, una prueba del sitio en el que hallaron los casquillos percutidos.
Lo anterior debido a que en el informe establecen que hubo tres disparos: uno afuera del inmueble y que habría sido la causa para que los policías de investigación ingresaran, y dos más al interior.
Sin embargo, la defensa insistió en que los reportes de la Fiscalía señalan que encontraron los tres casquillos en el patio; además, advirtió que los informes tanto de una perito de la FGJEM y un perito privado dejan ver elementos de “huellas de saqueo y cateo ilícito”.
En los argumentos finales de la defensa legal agregaron que: “están disfrazando la ilegalidad de un cateo y tratan de justificar ese abuso de autoridad”. Asimismo, que se trata de un “hecho fabricado, inventado”, aludiendo a los oficiales que participaron aquella noche de miércoles cuando fueron arrestados sus respectivos representados.
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