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Toluca, Méx. En los últimos 11 meses disminuyeron las quejas ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) en contra de policías municipales al registrar solo 420, mientras que en el periodo de 2023 recibieron 639.
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De acuerdo con los datos publicados en el micrositio del organismo, las principales quejas son: el derecho a no ser sometido al uso desproporcionado o indebido de la fuerza pública y el derecho a la protección contra toda forma de violencia.
La Comisión detalló que, respecto al año en curso, del total de las quejas contra los uniformados, los municipios con mayor número de registros son Nezahualcóyotl (46), Ecatepec (42), Toluca (22), Ixtapaluca (21), Naucalpan (17), Chimalhuacán (16), Valle de Chalco (16), Tlalnepantla (14), Atizapán de Zaragoza (13) y Valle de Bravo (10).
De acuerdo con las estadísticas de la Codhem, en 2023 se posicionaron diez municipios en violaciones a los Derechos Humanos por parte de los efectivos, Ecatepec (85), Nezahualcóyotl (67), Chimalhuacán (39), Naucalpan (36), Tlalnepantla (36), Ixtapaluca (35), Atizapán de Zaragoza (21), Chalco (19) y Valle de Chalco (16).
Los datos refieren que en los últimos dos años continúan ubicados en los primeros lugares de la lista por la cifra de quejas, los municipios de Nezahualcóyotl y Ecatepec, es decir, que existe una mayor vulneración a los derechos humanos de los habitantes en estos municipios, aunque explica que son los lugares con mayor número de población.
Al respecto, Cristina Pablo Dorantes, maestra en Prevención del Delito de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) refirió que uno de los factores que han influido para reducir el número de quejas es la presencia de la Guardia Nacional (GN) en diferentes puntos de la entidad, pero también a la reforma del Artículo 21 Constitucional que establece la coordinación interinstitucional para hacer más eficiente el combate a la delincuencia.
“Una hipótesis sobre la reducción de las quejas, es porque no se han encontrado respuestas por la impunidad de las instituciones y porque los policías siguen coludidos con el crimen organizado lo que conlleva a que los ciudadanos omitan denunciar”, refirió la especialista.
Cristina Dorantes destacó que las condiciones de las corporaciones preventivas son diferentes en los municipios urbanos y semiurbanos, pues en municipios de gran extensión tienen sus propias áreas de capacitación en inteligencia y cuentan con recursos del FORTASEG, que deben ser auditados, porque son recursos federales etiquetados.
“A las policías municipales se les ha descuidado y ahora son vulnerables a ser cooptadas por el crimen organizado, lo cual se ve en los delitos de alto impacto, en las no resoluciones condenatorias sobre casos relevantes, que van de la mano con la incidencia en la impunidad; por ello, el reflejo de quejas contra los policías municipales”, afirmó la especialista.
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