Toluca, Méx. El Estado de México es una de las siete entidades que más ha logrado registrar avances en el combate a la corrupción, teniendo un promedio general del 45% e implicando mayor progreso en los índices de estandarización presupuestaria, normalización de la corrupción y en el aprovechamiento de capacidades del Sistema de Justicia para combatir las prácticas indebidas.
Tomando en consideración 10 indicadores nacionales para medir el avance general en el combate a la corrupción y brindar una valoración integral del grado de consolidación del Sistema Nacional Anticorrupción.
De acuerdo con el ‘Informe de Avances de los Indicadores Nacionales’, las entidades que obtuvieron una mayor puntuación son:
En el tema específico de la entidad mexiquense, en el índice de coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción, en el cual se estima el grado de consolidación de la colaboración interinstitucional para la implementación de las políticas anticorrupción, registró un 22% de avance.
En el índice de aprovechamiento de capacidades del Sistema de Justicia en materia de combate a la corrupción, en donde se estima la relación entre las capacidades institucionales con las que cuentan las fiscalías especializadas y los órganos jurisdiccionales, y el desahogo de investigaciones y juicios en materia de combate a la corrupción, obtuvo una valoración del 68%.
En cuanto al índice de profesionalización del servicio público, así como el nivel de capacitación existente de éstos en materia de integridad, obtuvo un 38%; en el índice de estandarización presupuestaria, apartado en donde se valoró la adopción de prácticas, metodologías e instrumentos estandarizados de presupuestación y ejercicio del gasto para asegurar calidad y publicidad de este tipo de información, obtuvo la calificación más alta con el 92%.
En el índice de homologación de capacidades fiscalizadoras no se contó con información disponible; en el índice de control de riesgos en donde se estima el alcance en la implementación de esquemas que contribuyen a disminuir los riesgos de corrupción en las interacciones entre la ciudadanía y las personas servidoras públicas, en el marco de trámites y programas sociales logró un 58% y en el índice de fortalecimiento a las contrataciones públicas un 31%.
Finalmente, en el apartado del índice de fortalecimiento a la participación ciudadana orientados a fortalecer las acciones de seguimiento, evaluación y de toma de decisiones de la acción gubernamental, un 47%; en el índice de implementación de mecanismos de integridad empresarial para la mitigación de riesgos de corrupción en la iniciativa privada un 23% y en el índice de la normalización de la corrupción un 73%, presentando una de las tasas más bajas en materia de tolerancia a la corrupción.
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