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Toluca, Méx. — En el Estado de México existen más de 50 establecimientos y centros comunitarios de atención de adicciones que operan de manera irregular al carecer de registro oficial.
Al no estar regulados, la diputada local del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Araceli Casasola Salazar comentó que suelen carecer de personal capacitado para dar un adecuado tratamiento.
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Los pacientes sufren de discriminación, malos tratos, agresiones verbales y físicas que en numerosas ocasiones terminan con la vida de los internos para luego, en acuerdo con funerarias, entregar certificados con diagnósticos falsos sobre el fallecimiento del paciente.
Ante esta realidad, la legisladora presentó una iniciativa para expedir la Ley de Prevención, Atención y Erradicación de las Adicciones, así como la regulación de los Centros de Atención de las Adicciones en el Estado de México.
El documento de la iniciativa refiere que en la entidad sólo existen 13 establecimientos especializados en el tratamiento de las adicciones en modalidad residencial reconocidas y registrados por el Consejo Nacional Contra las Adicciones (CONADIC), así como 34 unidades de especialidades médicas, centros comunitarios de salud mental y adicciones.
Para garantizar su eficacia, la ley propuesta pretende regular estos espacios de rehabilitación para la atención de adicciones del sector público y privado, para que sean vigilados, monitoreados e inspeccionados constantemente; establecer recursos humanos especializados, técnicos y profesionales capacitados en la orientación, asistencia y tratamiento de las adicciones; así como establecer, junto con otras instituciones, estrategias, programas y acciones de investigación, prevención, tratamiento y rehabilitación para la reducción del daño.
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La nueva ley estaría integrada por 131 artículos y 14 Capítulos dentro de los que se establecen disposiciones generales que delimitan el actuar de las autoridades.
Los requisitos para los centros señalan cómo debe ser el ingreso y egreso de los usuarios, estipula sus derechos, el tratamiento a seguir, su reintegración social, un apartado de visitas de verificación, recursos y subsidios, así como sanciones.
En este último se precisa que los centros podrán ser amonestados por falta de procesos de atención, tener una suspensión provisional que implique el cierre parcial o total de las instalaciones o la clausura definitiva si se detectara que algún usuario o encargado consume sustancias psicoactivas en el interior del centro, si se comete un hecho delictivo e incurrir reiteradamente en faltas o violaciones.
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