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Soyaniquilpan, Méx. Ríos de fuego iluminaron la noche del 31 de diciembre de 2022, cuando una fuga en un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) desató una catástrofe ambiental en los municipios de Soyaniquilpan y Jilotepec.
El derrame de gasolina no solo provocó incendios que consumieron la vegetación, sino que también devastó al menos tres manantiales, dejando a miles de habitantes en la incertidumbre sobre el futuro del recurso más valioso para ellos: el agua.
A más de dos años de la tragedia, en un recorrido realizado por EL UNIVERSAL Estado de México se confirmó lo que los pobladores han denunciado durante meses: la contaminación se extendió.
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Pozos, mantos acuíferos y manantiales fueron afectados, e incluso el agua destinada para uso doméstico presenta una capa de grasa superficial, además del inconfundible olor a gasolina.
La crisis ha golpeado a diversas comunidades. En Jilotepec, la más afectada es San Miguel de la Victoria, particularmente la Séptima Manzana o Mexicaltongo, considerada la “zona cero” de la contaminación.
En Soyaniquilpan, las comunidades de Zaragoza, La Goleta, San Agustín y El Colorado también enfrentan las consecuencias de la crisis ambiental.
La emergencia nunca terminó. Seguimos sacando gasolina del agua todos los días, es como si viviéramos encima de una bomba de tiempo”.
Pedro Berny Sánchez, representante de las comunidades afectadas.
A pesar de la magnitud del problema, ni el gobierno federal, ni el gobierno del Estado de México, ni Pemex han dado soluciones concretas a los más de 6 mil ciudadanos afectados por la contaminación del agua.
En la zona cero, en la comunidad de Mexicaltongo, Jilotepec, la situación es crítica. Los trabajos de limpieza continúan, pero los esfuerzos han sido insuficientes. Cada día se extraen entre 30 y 50 litros de gasolina del agua, pero en temporada de lluvias la cifra puede dispararse hasta los dos mil litros.
La falta de acciones efectivas ha permitido que la contaminación se siga extendiendo. Mientras tanto, las reuniones sostenidas con personal de Pemex no han dado respuestas claras.
Los trabajadores de la paraestatal que se encuentran en la zona se limitan a limpiar y extraer combustible del agua, sin que hasta el momento se implemente un programa de remediación ambiental o abastecimiento seguro de agua para los habitantes.
Incluso algunos funcionarios públicos que han visitado la zona sugirieron la posibilidad de que los residuos tóxicos provengan de alguna planta de desechos cercana. Sin embargo, los mismos afectados desmienten esta hipótesis y se deslindan de cualquier responsabilidad ante la polución que dejó la ruptura del ducto.
Estudios hidrológicos recientes sugieren que el radio de contaminación por gasolina podría abarcar hasta 30 kilómetros a la redonda, extendiéndose a comunidades de ambos municipios e incluso más allá.
Los cuerpos de agua contaminados conectan con el río Pánuco, en Hidalgo, lo que podría agravar la crisis ambiental.
Además del daño ecológico, la zona es considerada peligrosa debido al riesgo de explosiones o incendios por la acumulación de vapores de combustible.
Habitantes temen que ocurra una tragedia mayor en cualquier momento, pues el suelo y el agua siguen impregnados de gasolina.
Expertos han realizado muestreos en la zona cero y advierten que el área debería ser catalogada como de alto riesgo. Sin embargo, las autoridades minimizan la emergencia y los comités ciudadanos han sido ignorados.
La flora y fauna de la región presentan afectaciones. Se reportan animales muertos y un aumento en enfermedades gastrointestinales y dérmicas entre la población debido a la exposición a químicos altamente corrosivos.
“El agua sigue ahí, pero nadie la usa por el riesgo que implica”, comenta un habitante de la zona. Otros, en cambio, no tienen otra opción.
“No podemos darnos el lujo de pagar pipas todos los días”, lamenta una mujer que aún utiliza agua que proviene de pipas que proporciona el Ayuntamiento de Soyaniquilpan, ante la urgencia.
Los habitantes de San Miguel de la Victoria, Zaragoza, La Goleta, San Agustín y El Colorado llevan más de dos años esperando una solución que no llega. La incertidumbre crece, al igual que el temor a una tragedia mayor.
“La contaminación sigue avanzando y nadie hace nada”, advierte Pedro Berny Sánchez.
“Los manantiales ya están prácticamente perdidos y las autoridades simplemente voltean para otro lado”, dice.
Mientras tanto, la gasolina sigue presente en el agua. La crisis ambiental que inició con una fuga en noviembre de 2022 empeora y cada día que pasa la posibilidad de revertir el daño se aleja.
Se suma un factor de riesgo: la región es conocida por su alta incidencia de robo de combustible. Pobladores temen que la crisis ambiental se agrave por la presencia de grupos criminales que operan en la zona y convierten el robo de hidrocarburos en un problema recurrente.
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