Cuautitlán Izcalli, Méx. — Habitantes del fraccionamiento Urbi Quinta Montecarlo piden a las autoridades de la Procuraduría Condominal del gobierno municipal de que intervengan en la privada Paseo Monte Carló, ya que afirman que existen una serie de irregularidades en el manejo de la mesa directiva e intimidaciones por parte de una mujer que se ha ostentado como funcionaria de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

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Denuncian una serie de irregularidades en el manejo de la mesa directiva / Foto Arturo Contreras
Denuncian una serie de irregularidades en el manejo de la mesa directiva / Foto Arturo Contreras

La mujer, a quien identifican como Lucrecia “N”, convoca a reuniones vecinales. Sin embargo, hay colonos que no pueden participar ni con voz ni con voto en las decisiones, puesto que fueron denunciados por la presunta trabajadora de la FGJEM y les fijaron una orden de restricción para no poder acercarse a ella. Cuando los ve aproximarse, comienza a pedir auxilio para alejarlos.

Ella, en reuniones, nos ha dicho que es del Ministerio Público y consigue órdenes de restricción contra vecinos que le incomodan”, afirmó uno de los vecinos entrevistados por EL UNIVERSAL Estado de México, quienes pidió mantenerse en el anonimato por temor a represalias. Además, también han denunciado opacidad en el manejo de los recursos que se recaudan por concepto de mantenimiento y seguridad, que suman más de 150 mil pesos.

Son 308 casas en el conjunto de Paseo Monte Carló, y cada vivienda paga 500 pesos, de los cuales no existe certeza sobre cómo se manejan esos recursos. Al no tener claridad sobre si la mesa directiva está legalmente constituida ante la Procuraduría Condominal, los encargados no rinden cuentas, comentó uno de los vecinos.

También han denunciado opacidad en el manejo de los recursos / Foto Arturo Contreras
También han denunciado opacidad en el manejo de los recursos / Foto Arturo Contreras

De igual forma, refirieron que en materia de seguridad no les permiten tener acceso a las cámaras de seguridad instaladas dentro de su, lo que ven como una falta a su derecho de estar informados. Manifiestan que, desde que alzaron la voz por una presunta posesión ilegal de dos terrenos de equipamiento urbano, las tensiones se incrementaron.

En uno de los predios en cuestión, la supuesta funcionaria pública les informó que busca iniciar un juicio de usucapión para tomar posesión, aun cuando su destino es el de equipamiento. Además, en un predio ubicado en la parte posterior de las casas, pretenden construir un parque para perros. Una de las primeras acciones fue intentar derribar árboles, acción que fue frenada por el gobierno local.

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