Toluca, Méx. Con el avance de la tecnología y el desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA) se han sofisticado los delitos y ataques cibernéticos, permitiendo la creación de deepfakes y phishing altamente personalizados en México. Sin embargo, su rápida evolución conlleva a desafíos éticos y legales, especialmente en el contexto de los delitos cometidos mediante su uso.
La autonomía y el aprendizaje de los sistemas de IA los hacen susceptibles de ser utilizados en suplantaciones de identidad, ciberataques y en la creación de contenido falso. Tal es el caso de Diego ‘N’, alumno del Instituto Politécnico Nacional (IPN) acusado de alterar las fotografías de ocho de sus compañeras con fines de explotación sexual.
El acusado, recluido desde octubre de 2023, enfrenta cargos de trata de personas en modalidad de pornografía infantil, luego de que se le hallarán miles de imágenes íntimas modificadas con IA, así como videos pornográficos distribuidos sin consentimiento de las víctimas.
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Luego de haber sido acusado de dicho crimen, Diego ‘N’, de 19 años, el estudiante del IPN fue absuelto por un magistrado tras argumentar que “no había elementos suficientes” para demostrar su culpabilidad en el delito contra la intimidad sexual de dos de las ocho víctimas.
Este caso es el más icónico documentado sobre violencia digital con inteligencia artificial hacia mujeres universitarias, que tiene que ver con difusión y producción en mercados de explotación sexual. Por lo que, la defensa de las víctimas, tras más de un año de seguir este proceso, buscaban sentar un precedente importante respecto al uso de la tecnología para la creación de contenidos sexuales falsos sin consentimiento.
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La Ley Olimpia es un conjunto de reformas legislativas que castiga los delitos que violan la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales. Conocida también como ciberviolencia.
Dicha ley tipifica como delito el ciberacoso, la extorsión en medios digitales y la difusión de contenido íntimo sin consentimiento. Las sanciones que contempla esta ley van de 3 a 6 años de prisión y multas de 500 a 1000 Unidades de Medida y de Actualización (UMA).
Esta ley se inspiró en la historia de Olimpia Coral Melo, una mujer que sufrió acoso y violencia digital después de que su expareja publicara un video suyo sin su consentimiento. Olimpia presentó el proyecto de ley en el Congreso de Puebla en 2014 y, tras insistir, logró que se castigará este delito.
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