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Toluca, Méx. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem) prevé gastar este año 3.8 millones de pesos en el arrendamiento de tres inmuebles utilizados para oficinas y bodega.
El Infoem celebró un contrato por 2 millones 974 mil 281 pesos por el arrendamiento del inmueble donde se encuentran sus oficinas centrales, ubicado en la calle Pino Suárez, actualmente carretera Toluca-Ixtapan número 111, colonia La Michoacana, del municipio de Metepec.
Según el contrato de renovación INFOEM/DGAF/CAAIE-001/2024, ese lugar debe ser usado para oficinas del instituto del 01 de enero al 31 de diciembre del 2025, pero cada mes se debe hacer el pago de 247 mil 856 pesos.
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De la misma forma, Infoem contempla pagar 808 mil 992 pesos durante este año por el arrendamiento del bien inmueble denominado "Lienzo Charro" ubicado en calle Lienzo Charro 323 Sur, de la colonia San Jorge Pueblo Nuevo Metepec, el cual debe ser utilizado para diversas oficinas.
Según el contrato de renovación de arrendamiento INFOEM/DGAF/CAAIE-002/2024 por el uso de esa propiedad se deberán pagar 67 mil 416 pesos cada mes.
El Instituto de Transparencia celebró también un contrato de arrendamiento por un local comercial denominado "Palmas", al que se le da un uso de bodega para almacenaje y resguardo de diversos bienes obsoletos y en desuso.
El local cuenta con 41 metros cuadrados aproximadamente, identificado con la letra "C" del inmueble ubicado en la calle Santa Isabel, número 101-A, esquina avenida de las Palmas, colonia San Jorge Pueblo Nuevo, en Metepec.
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En este inmueble gastará 35 mil 056 pesos al año, equivalente a 2 mil 921.36 pesos mensuales, según el contrato INFOEM/DGAF/CAAIE-003/2024 con vigencia del primero de enero al 31 de diciembre de 2025.
Los tres contratos se realizaron bajo el procedimiento de adjudicación directa y tienen una vigencia de doce meses, sólo si no existiera decreto social que promulgue la extinción del INFOEM.
El Infoem es un organismo público autónomo de carácter estatal, con plena autonomía responsable de garantizar el ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados.
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