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Toluca, Méx. Las Comisiones de Procuración y Administración de Justicia, y de Desarrollo Agropecuario y Forestal de la LXII Legislatura del Estado de México han dado un paso significativo en la lucha contra la explotación y degradación de los recursos forestales, específicamente la tala clandestina. Tras analizar las iniciativas presentadas por la diputada Gloria Vanessa Linares Zetina (PVEM) y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, se aprobó elevar la pena máxima de prisión a 30 años para quienes incurran en estos delitos.
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Durante la sesión de dictamen, presidida por la diputada Emma Laura Álvarez Villavicencio (PAN), legisladores de diversas bancadas (Morena, PVEM, PT, MC y PRD) resaltaron la importancia de esta reforma al Código Penal estatal. La diputada Vanessa Linares enfatizó que la medida busca no solo endurecer las sanciones, sino también ampliar la protección a sectores vulnerables, como los adultos mayores que son forzados a participar en estas actividades ilícitas.
Además, se destacó la relevancia de extender la protección a zonas y áreas naturales, ampliando los supuestos relacionados con la tala ilegal. Esto proporcionará a los jueces mayores elementos para dictar sentencias condenatorias. Incluso, se abrió la posibilidad de imponer penas de hasta 100 años de prisión en casos con múltiples agravantes.
Los legisladores de Morena, Esteban Juárez Hernández y Vladimir Hernández Villegas, subrayaron que esta modificación refleja el compromiso del gobierno estatal con el Plan de Desarrollo del Estado de México 2023-2029, específicamente en el eje de Bienestar Ambiental y Acceso Universal al Agua. Asimismo, destacaron el enfoque ambientalista de la administración actual.
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Por su parte, el diputado Carlos Antonio Martínez Zurita Trejo hizo un llamado a pasar a la acción en la defensa de los bosques, denunciando la tala ilegal y la posterior urbanización de estas áreas.
La diputada Ana Yurixi Leyva Piñón (PT) alertó sobre la grave situación de la tala clandestina en seis regiones del estado, con 39 municipios en estado de emergencia. La diputada Sofía Martínez Molina resaltó que la propuesta de la gobernadora representa un avance crucial en la protección del medio ambiente.
Desde la bancada de MC, la diputada Maricela Beltrán Sánchez consideró que el aumento de las sanciones es insuficiente y urgió a implementar acciones complementarias, como leyes secundarias y programas de políticas públicas, para garantizar la protección de los recursos forestales. La diputada Ruth Salinas Reyes recordó las denuncias de la población de Ocuilan sobre la falta de atención a la tala clandestina.
Finalmente, la diputada Araceli Casasola Salazar (PRD) abogó por la aprobación de más reformas que enfrenten a quienes dañan y deforestan ilegalmente los bosques.
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