Toluca, Méx. Durante la administración de Raymundo Martínez Carbajal, el gobierno de Toluca gastó recursos públicos para comprar armas que no llegaron a la Dirección de Seguridad, donde debieron entregarse.
Esto causó daños al erario público municipal por un millón 808 mil 511 pesos.
Esta información es parte de los resultados de la auditoría financiera CM/AU/007/2024 que Contraloría Municipal realizó a la Tesorería de Toluca el año pasado, lo que derivó en una observación.
Esta no fue solventada en el plazo establecido y señala la responsabilidad de los entonces directores de Tesorería y Contaduría, Mario Antonio Castillo Balbuena y Hugo Sotelo Curiel, respectivamente.
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En el informe de auditoría se detalla que el 19 de junio de 2023, el entonces tesorero Mario Antonio Castillo Balbuena firmó la autorización para pagar 3 millones 225 mil pesos, vía transferencia electrónica, a la Dirección General de Industria Militar dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacimiento (Sedena).
El pago se realizó por la adquisición de pistolas semiautomáticas, rifles de asalto semiautomáticos y 120 mil cartuchos solicitados por la Dirección General de Seguridad y Protección del municipio, pero no se recibieron los bienes en su momento y no se contaba con las facturas respectivas.
El 20 de junio de 2023, a través de un oficio firmado por Raymundo Martínez Carbajal, se informó a la Secretaría de Seguridad del Estado de México, que se realizó el pago para la adquisición de material bélico a cargo del recurso FORTAMUN 2023, enviando únicamente los comprobantes de las transferencias realizadas.
Durante la auditoría se confirmó que las transferencias electrónicas se realizaron a Banjercito, que es el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada.
Y el 6 de agosto de 2024, el Departamento de Control de Armamento y Equipo Policial de Toluca informó que la entrega del armamento estaba “pendiente” por parte de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, bajo el argumento de que la SEDENA tendría que entregar el material bélico a esa dependencia, para después mandarlo al municipio.
El 14 de agosto del 2024, un año con dos meses después de haberse realizado el pago, se entregaron únicamente los cartuchos y las facturas que los amparan, por un importe de un millón 416 mil 304 pesos, pero no llegó el armamento.
A la fecha de esta observación, 27 de septiembre de 2024 no se presentó evidencia de la recepción del armamento pagado (...) ni de la factura que los ampara, no obstante que el pago por este concepto se realizó desde el 19 de junio de 2023
Tras la revisión se consideró la responsabilidad de Mario Antonio Castillo Balbuena y Hugo Sotelo Curiel, por no cumplir con sus obligaciones establecidas en la Ley Orgánica Municipal del Estado de México y Municipios, el Código Reglamentario Municipal, Ley General de Contabilidad Gubernamental y Código Financiero del Estado de México.
Castillo Balbuena es señalado por no verificar la recepción de los bienes que justificarán el pago, y las facturas que acrediten la entrega del dinero y no exigir al proveedor la entrega de los bienes o la devolución del dinero.
Se consideró que Hugo Sotelo Curiel no cumplió cabalmente con sus obligaciones al no exigir facturas y documentos administrativos que respalden la afectación.
Debido que el área auditada no emitió respuesta en el plazo establecido, se determinó que la observación 1 quedó sin solventar, por lo que se dará vista a la Dirección de Investigación de Responsabilidades Administrativas, para que determine el procedimiento correspondiente
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