San Felipe del Progreso, Méx. La inseguridad en el transporte público de la región norte del Estado de México ha encendido las alarmas entre los conductores de taxis colectivos que operan desde Atlacomulco hacia San Felipe del Progreso, El Oro, Temascalcingo y las comunidades intermedias.
Al menos seis bases de taxis han denunciado un aumento en los delitos violentos dentro de sus unidades, afectando tanto a choferes como a pasajeros. La situación, que parecía bajo control gracias a una red de seguridad formada por los mismos transportistas, ha dado un giro preocupante con recientes dos casos de asaltos armados y extorsiones.
En entrevistas bajo condición de anonimato, dos choferes compartieron las experiencias que han vivido en los últimos meses. Uno de ellos relata cómo fue interceptado por sujetos armados que, tras abordar su unidad, lo amenazaron a él y a tres pasajeros, despojándolos de dinero, teléfonos y otras pertenencias.
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No solo nos quitaron lo poco que llevábamos; también nos dejaron con el miedo de que algo peor pueda pasar. Lo que antes era raro, ahora ya pasa y sabemos quiénes son, porque aquí no regresan, pero si los ven en otras rutas”, relató.
El otro testimonio es igualmente alarmante. “Hace poco más de un año logramos organizar un sistema de comunicación para advertirnos entre nosotros si veíamos algo raro. Eso ayudó a reducir los robos por un tiempo y agresiones. Pero ahora el problema es que están empezando a extorsionarnos. Gente que se dice parte de la familia y así nos exige cuotas a cambio de no hacernos daño”, denuncia otro chofer.
Pese a que se han presentado denuncias formales ante las instancias correspondientes, los afectados señalan que no hay avances significativos ni personas detenidas. Los transportistas consideran que las autoridades han sido lentas en actuar, mientras ellos siguen expuestos a la violencia diaria.
La red de seguridad creada por los taxistas funciona a través de mensajes instantáneos y radios de comunicación. En ella, comparten información sobre movimientos sospechosos, descripción de personas con conductas inusuales, y placas de vehículos que consideran riesgosos.
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Sin embargo, los conductores reconocen que su capacidad para defenderse es limitada. “Nos organizamos porque no había otra opción, pero nosotros no tenemos armas ni escoltas. Lo que hacemos es prevenir, pero necesitamos que las autoridades hagan su parte”, comenta uno de los choferes.
La precariedad del servicio de transporte público en la región agrava el problema. Muchos de los conductores operan bajo condiciones económicas difíciles y la mala condición de las vialidades. Aun así, ofrecen un servicio esencial de conectividad para decenas de comunidades rurales donde las opciones de transporte son limitadas.
Nosotros somos los que conectamos los pueblos pequeños con las cabeceras municipales. Si nos dejan solos frente al crimen, no solo se afecta nuestra seguridad, sino la de cientos de pasajeros que dependen de nosotros para ir al trabajo, a la escuela o al médico”, subraya uno de los taxistas.
Los choferes exigen que las nuevas administraciones municipales y las autoridades estatales retomen con urgencia sus denuncias en las mesas de seguridad qué Gobierno del Estado de México, autoridades federales y municipales, están encabezando con las nuevas administraciones.
Piden vigilancia constante en los tramos más peligrosos, operativos sorpresa y una estrategia integral para combatir la extorsión y los asaltos.
Los taxistas, aseguran que seguirán alertando sobre el aumento de los delitos, confiando en que su voz será escuchada antes de que ocurra una tragedia mayor.
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